Muy lejos de tener el propósito de alimentar una polémica con un juego de cifras o por las fuentes de información que se consultan para hablar de él gran problema de la pobreza en nuestro país, vale la pena considerar que, en 2025, se pudo confirmar que el INEGI mantuvo la metodología con la que se hacían las evaluaciones sociales en nuestro país, antes conducidas por el CONEVAL, de manera que se pudiera dar continuidad comparativa y de alguna manera garantizar la validez técnica de los datos.
Es decir que se siguen analizando seis aspectos de la dinámica social de nuestro país, a partir de la cual se pueden observar los cambios desde la perspectiva de las carencias sociales, y me refiero específicamente a: educación, salud, seguridad, social, vivienda, servicios básicos y alimentación.
El reporte indica que salieron de la pobreza general, 13.4 millones de personas y este fenómeno afecta positivamente en el tejido social en tres formas:
– Movilidad social. Se mide si el egreso de la pobreza les permite a las personas proyectar un futuro a largo plazo (educación de hijos, ahorro) y no sólo resolver el día día.
– Cohesión social. Es un indicador oficial de la medición en México. Una reducción masiva de la pobreza genera condiciones adecuadas para disminuir el sentimiento de exclusión y también ciertos niveles de resentimientos social.
– Dignificación. Los cambios que se han dado en la narrativa gubernamental hacia la justicia social, podrían impactar en la autoestima colectiva de los sectores que antes estaban marginados.
Los indicadores tienen de hecho múltiples interpretaciones, pero siempre se valorará desde la perspectiva de los retos pendientes con el propósito de fortalecer indicadores que desde luego modifican los estados de ánimo, y se reconocen como un fenómeno de cambio en las estructuras de vida y en la percepción social; en términos psicosociales, se está en condiciones de reducir el estrés de supervivencia.
El indicador principal es el fortalecimiento del ingreso corriente, por tanto, los programas sociales están actuando como una red de seguridad emocional y también material, la actualización del salario mínimo desde luego que incrementa el poder adquisitivo y se modifica sensiblemente las dinámicas de consumo y las sensaciones de autonomía en las familias.
El reporte también indica que la pobreza extrema persiste, el 5.3% de la población está caracterizada por personas que aún sufren tres o más carencias sociales, por tanto, existe el rezago estructural en el acceso a servicios de salud que podrían comprometer la estabilidad de quienes recién están saliendo de pobreza.
Los expertos, sociólogos y psicólogos, en estos procesos de cambio, identifican en un primer momento, un choque positivo, derivado de los ingresos, en particular los que distribuye el gobierno mexicano a través de los programas de gastos social, sin demeritar el beneficio que las familias reciben, no existe aún el complemento que proviene de políticas de transferencias, políticas laborales, cuya sostenibilidad depende ahora de cerrar alguna brecha muy amplia por la insuficiencia y pésima calidad de los servicios públicos, especialmente salud y educación.
Este fenómeno es indispensable para evitar que las familias recaigan ante una crisis económica que no es lejano de tenerse, derivado de la cada vez más grave, insuficiencia de medicamentos y atención hospitalaria por un lado y una importante lista de carencias en los servicios educativos en todos los niveles escolares.
A punto de cerrar el año 2025, la medición oficial realizada por el INEGI indica que 38.5 millones de personas siguen viviendo en situación de pobreza multidimensional en México, las carencias sociales no han desaparecido y existe un rezago estructural, que explica que siga habiendo millones de mexicanos atrapados en la vulnerabilidad.
La falta de infraestructura en la vivienda sigue siendo un factor determinante para considerar a alguien en la clasificación de pobreza bajo el esquema multidimensional que se ha venido describiendo, en 2025 seguiremos teniendo más de un 14% de la población que carece de servicios básicos de su vivienda (agua potable, drenaje, electricidad, combustible para cocinar).
El mismo estudio refleja que estados del sureste mexicano, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, casi la mitad de los habitantes, entre 46% y 48%, carecen al menos de un servicio básico en su hogar.
No obstante, en la reducción general en el indicador de pobreza, existe un núcleo de más de 7 millones de personas que viven en pobreza extrema; son personas que no sólo tienen ingresos muy bajos (por debajo de la canasta básica) sino que presentan en promedio 3.8 carencias sociales simultáneamente.
Un fenómeno preocupante derivado de la misma medición es el aumento de la población vulnerable por carencias sociales, que subió al 32.2%, esto significa que existen millones de mexicanos que ya no son considerados pobres, porque su ingreso mejoró, pero que siguen teniendo deficiencias graves en salud, educación o vivienda.
En el cierre de este año sigue existiendo un grave rezago en el acceso a la salud de 44.5 millones de mexicanos y sin seguridad social 62.7 millones de mexicanos, y el rezago educativo 24.2 millones de mexicanos.
El proceso de cambio actual en esta perspectiva muestra una mejora en los bolsillos de los mexicanos, pero al mismo tiempo, un estancamiento grave o retroceso, más grave aún, en los derechos sociales, lo que mantiene a 1/3 de la población de este país en pobreza y casi la mitad de los mexicanos en situación de vulnerabilidad constante.
Amaneceremos en el 2026 con la misma realidad, desgraciadamente, pero debemos reconocer que no va a cambiar nuestra realidad con un ingrediente de desinformación e indiferencia de los mexicanos, independientemente de los niveles socioeconómicos o de las edades y regiones del país en que se encuentren.
El gobierno mexicano no parece tener interés, en términos reales, de corregir la ineficiencia presupuestaria causada por la corrupción, no existe un modelo que tenga que ver con una prevención sistémica y vigilancia en tiempo real de los procesos de gasto gubernamental, no hay manera de modificar los indicadores de pobreza si el gobierno federal y los estados no implementan modelos modernos de control preventivo; se requiere pasar de auditorías que revisan en tiempo pasado a una acompañamiento en tiempo real de los procesos de gasto para detectar los riesgos, antes de que el dinero se desvíe.
La corrupción prospera en la opacidad y ha sido aprovechada por los grupos en el gobierno durante décadas, nunca como las tribus (así se auto definen) en los últimos siete años. La solución técnica es la digitalización total del ciclo presupuestario.
Se requiere un gobierno digital que implemente sistemas para eliminar la discrecionalidad en licitaciones y trámites, con transparencia, proactiva, es decir que se publiquen los datos en formatos abiertos que permitan a la sociedad y la academia auditar el gasto de forma independiente.
La corrupción no es sólo un problema de leyes, es sobre todo un fenómeno de normalización, y para romper este ciclo nocivo es indispensable transitar de la resignación pasiva a la corresponsabilidad ética:
1. Superar la indolencia cívica y el fatalismo. Hace falta dejar de ver la corrupción como un clima inevitable.
2. Ejercer control social. (vigilancia activa.) participando en observatorios ciudadanos y utilizando plataformas de datos abiertos.
3. Modificar la narrativa de admiración hacia el corrupto. Por desgracia, en el país, a menudo se celebra la astucia del que se burla de las normas. Hace falta generar un estigma social efectivo. La corrupción debe dejar de ser vista como habilidad para ser vista como un robo directo a los servicios que tienen derecho todos los ciudadanos.
4. Denuncia sistemática y protección de la integridad. El miedo y la desconfianza en las autoridades frenan la denuncia. Conviene utilizar canales de denuncia anónima y exigir colectivamente que las instituciones los protejan.
5. Coherencia en la micro corrupción. La corrupción de alto nivel es una escala aumentada de la corrupción cotidiana. Hace falta practicar la integridad en lo cotidiano.
6. Exigir la rendición de cuentas como derecho de propiedad. Cambiemos la percepción del dinero que ejerce el gobierno en turno. Es dinero de los ciudadanos. Nuestra conducta social debe ser de intolerancia absoluta.
Estimados lectores les deseo que tengan una navidad feliz que la armonía en sus hogares este acompañada de paz en sus almas, que el nacimiento del redentor emocione y fortalezca la comunicación entre todos sus seres queridos, que tengamos la oportunidad de ver por nuestro prójimo.
Estaremos en comunicación en la primera semana de enero. Muchas gracias. Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.
