La primera obligación de un Estado es defender su frontera
La frontera no es un símbolo de intolerancia, es el límite físico y jurídico de la soberanía. Un Estado que renuncia a controlar quién entra en su territorio renuncia, poco a poco, a una de sus funciones esenciales: garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
España vive desde hace años una presión migratoria constante en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Marruecos se ha convertido no sólo en un país de origen, sino también en un punto estratégico de tránsito hacia Europa.
Cada episodio de migración masiva vuelve a demostrar una realidad incómoda: cuando las fronteras dejan de ser respetadas, los primeros perjudicados son los ciudadanos que sí cumplen la ley.
No se trata de rechazar la inmigración legal. Las naciones tienen derecho a recibir inmigrantes, trabajadores, estudiantes o refugiados conforme a sus leyes. Lo que resulta inaceptable es normalizar la inmigración ilegal como si fuera un derecho absoluto.
No lo es.
La migración irregular alimenta un negocio multimillonario controlado por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. Esas redes obtienen enormes ganancias explotando la desesperación de miles de personas y desafiando la autoridad de los Estados.
Cada frontera vulnerada representa también una victoria para quienes viven del crimen organizado.
Autores como Jørgen Carling, investigador del PRIO (Peace Research Institute Oslo), han documentado cómo las redes de tránsito irregular hacia España funcionan mediante estructuras complejas que involucran traficantes, rutas clandestinas y organizaciones transnacionales.
Su trabajo muestra que la migración irregular no ocurre espontáneamente: detrás existe toda una industria criminal.
Más recientemente, Augusto Delkáder Palacios, de la Universidad Complutense de Madrid, ha estudiado cómo Marruecos ha utilizado la gestión migratoria como herramienta de presión política frente a España y la Unión Europea, fenómeno conocido como weaponization of migration o instrumentalización estratégica de las migraciones.
En otras palabras, los flujos migratorios pueden convertirse en un instrumento geopolítico cuando un Estado decide relajar sus controles fronterizos para obtener ventajas diplomáticas.
Y aquí surge una pregunta incómoda.
¿Por qué un gobierno responsable permitiría que miles de sus propios ciudadanos abandonen ilegalmente su territorio?
La migración ilegal masiva no sólo representa un fracaso económico, también refleja una renuncia del Estado a cumplir con su deber más elemental: ofrecer condiciones para que su población pueda prosperar en su propio país y hacer cumplir sus propias leyes.
Ningún gobierno debería mirar hacia otro lado mientras mafias reclutan jóvenes, cobran miles de euros y los lanzan al mar con la promesa de una vida mejor.
Las imágenes recientes de Ceuta muestran hasta qué punto una frontera desbordada puede convertirse rápidamente en una crisis humanitaria y de seguridad.
Miles de personas cruzando simultáneamente saturan la capacidad de respuesta del Estado, generan tensión social y obligan a destinar recursos extraordinarios.
Defender una frontera no significa renunciar a la compasión. Significa entender que la solidaridad sólo puede ejercerse dentro del Estado de derecho, cuando desaparecen las reglas, ganan las mafias, los traficantes y quienes utilizan a seres humanos como herramientas de presión política.
En México deberíamos observar cuidadosamente lo que ocurre en Europa.
Nosotros conocemos demasiado bien el poder del crimen organizado para controlar rutas, personas y territorios. Pensar que una frontera sin control debilita únicamente al Estado es ingenuo; en realidad fortalece a quienes viven precisamente de la ilegalidad.
La inmigración ilegal no sólo representa un desafío migratorio, sino también un riesgo para la seguridad nacional. Europa ya ha sufrido atentados perpetrados por individuos que ingresaron irregularmente o aprovecharon las debilidades de los sistemas fronterizos.
Los ataques de París en 2015 revelaron que al menos algunos terroristas utilizaron la ruta de los refugiados para entrar al continente, esto NO significa que todo inmigrante ilegal sea terrorista; significa que basta con que unos pocos lo sean para convertir una política de fronteras abiertas en una irresponsabilidad de Estado.
La seguridad no puede descansar en la buena fe. Cada frontera sin control es una oportunidad para las organizaciones criminales.
El CJNG y otros cárteles han obtenido enormes ganancias mediante el tráfico de migrantes, actividad que las autoridades estadounidenses consideran hoy una de sus principales fuentes de financiamiento.
Las fronteras abiertas no sólo representan un desafío migratorio; representan una vulnerabilidad estratégica, la historia reciente ha demostrado que las rutas de migración irregular son aprovechadas por organizaciones dedicadas al tráfico de personas, al contrabando y a otras actividades ilícitas.
Especialistas como Tamara Makarenko han descrito el fenómeno conocido como crime-terror nexus, que explica cómo el crimen organizado y las organizaciones terroristas pueden converger, cooperar o beneficiarse mutuamente de las mismas redes clandestinas.
En México conocemos demasiado bien cómo los cárteles han convertido el tráfico de migrantes en un negocio multimillonario, mientras que en Europa distintos atentados han evidenciado que los vacíos en el control fronterizo pueden ser explotados por individuos vinculados al extremismo.
Cuando un Estado pierde el control de sus fronteras, también pierde la capacidad de saber quién entra, con qué propósito entra y al servicio de quién puede estar actuando; la seguridad nacional jamás puede depender de la ingenuidad ni de la esperanza de que todos quienes cruzan ilegalmente lo hagan con buenas intenciones.
Si el crimen organizado obtiene recursos gracias a la migración ilegal, entonces quienes promueven fronteras abiertas terminan fortaleciendo a estructuras criminales transnacionales.
Las fronteras abiertas pueden sonar humanitarias en un discurso político, pero ningún país puede sostener indefinidamente una política migratoria basada en la ausencia de control, la historia demuestra que toda nación necesita reglas claras, instituciones fuertes y fronteras vigiladas.
Porque una frontera no separa a los pueblos. Separa el orden del caos.
Y cuando un Estado deja de proteger esa línea, alguien más termina controlándola.
