Otra más de soberanía…
Está muy claro que, para hablar de la soberanía de una nación, siempre hace bien acudir a conocimientos de ciencia política, de teoría del Estado, de sociología, entre otras disciplinas, aunque cuando se trata del tema de soberanía nacional como retórica de la cuarta transformación, entonces lo que hay que tener claro es la mejor manera de estructurar unas cuantas mentiras, las del día por lo menos.
Aunque parecen eventos desconectados, la postura de la presidente mexicana en el arranque del mundial de fútbol 2026 y las respuestas de su gobierno ante la fiscalía de Estados Unidos, parece que comparten la misma lógica de una defensa soberana y un supuesto apego popular; dos temas que interactúan y que aparentemente no tendrían nada que ver, pero terminan entrelazándose ambos discursos.
Es incuestionable que las investigaciones de la fiscalía del distrito sur de Nueva York y agencias estadounidenses contra políticos mexicanos, como el gobernador de Sinaloa, con licencia o la revocación de visas a gobernadores, como el de Sonora y el de Tamaulipas, la presidente ha cuestionado la intención real de Estados Unidos, ha insistido hasta el cansancio en denunciar lo que ella considera falta de pruebas enviadas a México y también ha señalado que estas acciones buscan interferir o presionar políticamente desde el extranjero.
Por otro lado, al iniciar la copa del mundo en el estadio Ciudad de México, la presidente Sheinbaum ha roto el protocolo histórico que consiste en que los jefes de Estado presidan la inauguración del torneo, como ocurrió en México 70 y en México 86 y como ocurre cada cuatro años en el país sede de la copa del mundo… el hecho es que en lugar de sentarse en los palcos VIP, junto a figuras globales de la FIFA o mandatarios de otras naciones, decidió regalar su boleto a una joven aficionada y seguir el partido en alguna televisión de alguna de las plazas donde fue transmitido el partido…
“No necesitamos de sentarnos arriba “fue la frase que utilizó la presidente para contestar acerca de su inasistencia al estadio y probablemente funciona en ambos sentidos.
Por un lado, sirve para rechazar la opulencia de un boleto VIP mundialista, y por otro lado, proyecta que su gobierno no se intimida, ni busca complacer a las esferas del poder en Washington o a las fiscalías internacionales.
La presidente de México ha mantenido el argumento oficial que consiste en que los políticos
investigados son gobernantes constitucionalmente elegidos por el pueblo de México; por lo tanto, el gobierno mexicano exige respeto institucional, argumentando que una fiscalía extranjera no debe de poner autoridades locales, sin un debido proceso coordinado con las instituciones mexicanos.
El mundial arranca en medio de tensiones políticas, incluyendo protestas sindicales y de colectivos de familiares de personas desaparecidas que estuvieron en los alrededores del estadio Ciudad de México.
Al no asistir al estadio el gobierno, de alguna manera neutralizó la posibilidad de recibir
abucheos masivos en vivo ante cámaras de transmisión internacional, y haciendo una especie de control de daños frente a las notas de medios estadounidenses, que exponen nexos de narcopolítica, el rechazo al espectáculo de la FIFA y de los tribunales de Estados Unidos le permitió al gobierno federal posicionarse, no como una administración debilitada por los escándalos de corrupción, sino como un gobierno austero, soberano y enfocado en el territorio nacional.
Tal vez le ayude a comprender un poco mejor a los simpatizantes ideológicos, o simplemente afines a las gestiones del gobierno mexicano, en dónde están y cómo son las fuentes oficiales que le dan perspectiva a la posición de los Estados Unidos con respecto al concepto de narco-gobierno o a la relación de conexión del Estado mexicano con los carteles, porque este asunto no es sólo una mera opinión política realmente está basada en datos duros de referencia y desde luego en clasificaciones legales sin precedente de donde derivan acciones jurídicas específicas, las referencias y los indicadores institucionales más contundentes para el gobierno de Estados Unidos.
Están sustentados en un diagnóstico que agrupa fundamentalmente cuatro grandes referentes estratégicos:
1. Las organizaciones terroristas extranjeras. Bajo la administración del presidente Donald
Trump, la estrategia nacional de control de drogas formalizó la designación de los principales carteles mexicanos como el de Sinaloa, como el cartel Jalisco nueva generación, como la nueva familia, michoacana, entre otros como organizaciones terroristas extranjeras.
2. El gobierno de Estados Unidos ha catalogado formalmente el fentanilo como un arma de
destrucción masiva y bajo esta lógica jurídica, un gobierno extranjero que tolera no combate de forma activa o está coludido con los productores de esta sustancia va a ser considerado un aliado ineficaz a una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
3. Los informes del servicio de investigación del Congreso norteamericano y las evaluaciones de inteligencia militar estiman de manera consistente que entre el 35% y el 40% del territorio mexicano está bajo control directo o gobernanza de hecho de los carteles.
4. Las agencias estadounidenses como la DEA, como la CIA, están documentado que el crimen organizado cobra impuestos, es decir, extorsión generalizada, designa autoridades locales y reemplaza las funciones básicas del Estado mexicano, lo que en Washington se tipifica como el colapso del Estado de derecho.
5. Las acusaciones de la fiscalía de Estados Unidos no apuntan únicamente a funcionarios del pasado, sino específicamente al aparato político gobernante actual. El caso de Sinaloa y en particular, la exigencia de detener y extraditar por parte de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Ruben Rocha y otros nueve funcionarios del mismo estado por
Presuntos vínculos con la facción de los Chapitos es utilizado en Washington como prueba activa de colusión institucional.
Por otro lado, el departamento de Estado ha utilizado la revocación de visas como un mecanismo de sanción directa contra líderes y gobernadores en funciones del partido oficialista, es decir, de MORENA argumentando reportes de inteligencia, que los vinculan con redes de financiamiento ilícito; de aquí se derivan sanciones del departamento del tesoro, y también una captación financiera.
El departamento del tesoro de Estados Unidos dictó órdenes de medidas especiales contra el lavado de dinero a instituciones financieras mexicanas tras comprobar que organizaciones de lavado de dinero chinas, repatrían las ganancias del fentanilo, inyectándolas directamente en el sistema bancario regular de México con muy baja supervisión del Estado.
El departamento de justicia procesa penalmente a los operadores bajo el cargo de otorgar apoyo material a organizaciones terroristas, extendiendo esta responsabilidad a empresarios y políticos que facilitan la logística criminal.
La publicación de la estrategia antidrogas marca un límite y para el gobierno americano la retórica de soberbia de México choca con la realidad de los datos: el condicionamiento del tratado comercial y de la asistencia internacional con métricas cuantificables, como por ejemplo, el número exacto de laboratorios desmantelados, toneladas incautadas y líderes extraditados demuestran que Washington opera bajo la premisa de qué las instituciones de seguridad mexicana están infiltradas y requieren supervisión externa obligatoria.
El gobierno de Estados Unidos está implementando medidas mediante una política de máxima presión económica, condicionamiento comercial y ofensivas jurídicas directas, mientras que el gobierno de México responde utilizando la retórica de la soberanía nacional, exigencias de reciprocidad judicial y acusaciones de intervencionismo sin pruebas.
La publicación de la estrategia nacional de control de drogas 2026 por parte del gobierno
estadounidense, marca un punto de inflexión. Dejó atrás la diplomacia tradicional y convirtió la crisis del fentanilo en una prioridad de seguridad nacional, militar y financiera.
El gobierno de Estados Unidos ejecuta su estrategia a través de acciones bilaterales, punitivas y condicionamientos severos:
1. Exige resultados cuantificables. El gobierno de Estados Unidos ha condicionado formalmente su asistencia y la cooperación en el Marco del tratado comercial a métricas exactas. México debe demostrar un número específico de laboratorios destruidos, toneladas de fentanilo incautadas y líderes criminales detenidos para evitar sanciones económicas.
2. La fiscalía del distrito sur de Nueva York emitió solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha y otros nueve funcionarios estatales en funciones, los acusa formalmente de haberse aliado con la facción de los Chapitos para operar políticamente.
3. El departamento de Estado ha revocado visas de manera masiva a funcionarios
gubernamentales y de partidos políticos oficialistas, como es el caso de los gobernadores,
Alfonso Durazo y Américo Villarreal, utilizando reportes de inteligencia financiera para
sancionarlos sin necesidad de un juicio penal.
4. El clasificar a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras, la Casa Blanca ha
amenazado con operaciones unilaterales e incursiones en territorio mexicano. Esto incluye el despliegue encubierto de inteligencia como la presencia de agentes de la CIA en estados del norte.
El gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura de resistencia
institucional, combinada con una contraofensiva diplomática:
1. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la fiscalía general de la República
frenaron formalmente la detención del gobernador con licencia Ruben Rocha argumentan que la solicitud de la justicia estadounidense no cuentan con elementos de prueba suficientes ni fundamentos legales sólidos entregados a México.
2. En el que quizás sea el más fuerte reclamo público en su conferencia matutina, la presidente Sheinbaum denunció que México ha emitido 269 solicitudes formales de extradición a Estados Unidos desde 2018 y Washington ha entregado a cero personas. El gobierno mexicano exige que la relación judicial sea recíproca antes de ceder a las presiones de las fiscalías estadounidenses.
3. Los políticos implicados y el partido oficialista morena han calificado en las investigaciones difundidas inicialmente por medios como Los Ángeles Times, como campañas falsas, tendenciosas y sin evidencia orientadas a desestabilizar al gobierno.
Pese a la dura retórica defensiva, la presión de las amenazas de aranceles llevó al gobierno
mexicano a afirmar acuerdos de acciones inmediatas. En la frontera, esto permite al gobierno mexicano, simular cooperación en el combate al tráfico de armas y fentanilo, protegiendo la economía, mientras blinda internamente a sus actores políticos, bajo el concepto de soberanía nacional.
La estrategia nacional de control de drogas 2026 por parte del gobierno de Estados Unidos pone un énfasis sin precedente en la complicidad institucional en México, el gobierno de Estados Unidos ya no trata el problema de fentanilo como un asunto de salud pública o como un tema de delincuencia común, sino como una amenaza a su seguridad nacional, armada por carteles que operan con protección oficial.
Mientras las agencias estadounidenses como la DEA, la CIA o el mismo departamento de justicia, es muy probable que incrementarán el espionaje, así como la presión jurídica sobre gobernadores en funciones y en contraste, el gobierno de México pretende cerrar filas, exigiendo respeto a sus leyes y denunciando la falta de reciprocidad en las extradiciones de criminales que huyeron hacia los Estados Unidos.
El análisis subraya el factor económico como un arma, y por tanto, la imposición de aranceles y la idea de condicional casi cualquier revisión es un mecanismo efectivo que tiene el gobierno de Estados Unidos para obligar al gobierno mexicano a cooperar, a pesar de su dura retórica nacionalista.
Por primera vez, las agencias estadounidenses y la fiscalía del distrito sur de Nueva York, no está persiguiendo sólo a capos de los carteles o a exfuncionarios del pasado; está buscando directamente a líderes selectos y funcionarios en activo vinculados todos ellos al partido en el poder y esta ofensiva jurídica y de inteligencia por ahora se concentra principalmente en tres gobernadores clave y una gran expectativa de que se genere un efecto dominó financiero que sacuda la gobernanza del país, la fiscalía de Nueva York formalizó una acusación penal masiva contra el gobernador con licencia Ruben Rocha y otros nueve más de su administración o cercanos.
El departamento de justicia de Estados Unidos sostiene que Rocha Moya llegó a la gubernatura en 2021, financiado por la facción de los descendientes de Joaquin “el Chapo” Guzmán, quienes operaron secuestrando e intimidando a sus rivales políticos y a cambio, el gobierno estatal otorgó protección institucional e impunidad, el expediente incluye al senador por morena, Enrique Inzunza y otros más.
Dificultará muchísimo más la posición defensiva del gobierno mexicano, en cuanto aparezcan a la opinión pública, las declaraciones del ex secretario de seguridad de Sinaloa general, Gerardo Mérida, y desde luego el titular de la Secretaría de finanzas del Estado, Enrique Díaz, quienes se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos para actuar como testigos cooperantes, validando de este modo de evidencia de la fiscalía en Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos mantiene investigaciones abiertas contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por presuntos nexos con el narcotráfico y contra el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal por presunto huachicol fiscal. Otros fenómenos tienen que ver con la revocación de visas de manera formal por el departamento de Estado y otro más es el estatus de permisos especiales estrictamente condicionados dónde el poder judicial en Estados Unidos reserva con frecuencia para contarlos como testigos cooperantes a personas que aportan información significativa.
De acuerdo con reportes del ámbito financiero, las autoridades judiciales en Estados Unidos han extendido sus indagatorias, ordenando revisar las cuentas de otros siete mandatarios estatales mexicanos de forma preventiva entre ellos figuran la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Rocío Nahle, de Veracruz, y Layda Sansores de Campeche.
En el futuro inmediato, el conflicto entre los gobiernos de Estados Unidos y México, por el asunto de los narcos gobernadores, se perfila como un escenario de colisión institucional, inevitable, no es previsible una solución diplomática suave, y por el contrario, la relación entre los gobiernos de los dos países que entrará en una etapa más ríspida, que llevará a una especie de desconfianza, y por tanto, parálisis de la cooperación en materia de seguridad, también a una guerra jurídica, donde jugarán un papel importantísimo los testigos cooperantes y nuevas órdenes de captura.
El caso de los gobernadores se perfila para comportarse como la principal palanca de presión de Estados Unidos en las mesas de revisión del tratado comercial.
Para el gobierno de la cuarta transformación entregar a un gobernador en funciones, equivaldría admitir que el crimen organizado gobierna con el partido oficial y es previsible que la presidencia de México profundice la narrativa del enemigo externo y utilice las acusaciones de la fiscalía estadounidense para cohesionar a la base electoral de cara a los próximos comicios.
Al parecer, ningún gobernador investigado será extraditado por México, pero ninguno de ellos podrá gobernar con normalidad y estarán con el riesgo constante de ser detenidos si salen del país, mientras en la economía mexicana se irá absorbiendo el costo de su blindaje político.
Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.
