30% de todo el combustible, comercializado en las estaciones de servicio de México proviene del wachicol.
Es decir, que casi uno de cada 3 litros se vende sin haber pagado un solo peso de impuesto en frontera, por estas y muchas más razones vinculadas a este tipo de crímenes, se ha acumulado un daño histórico y analistas del sector energético, calculan que el quebranto representa alrededor de 600,000 millones de pesos, es decir, casi la mitad del presupuesto federal, destinado a las pensiones de adultos mayores en el país.
Este flujo multimillonario de hidrocarburos ilegales es una presión a la baja de los precios del mercado mayorista formal y hace imposible que las empresas y distribuidores que si pagan sus contribuciones aduaneras completas puedan competir en igualdad de condiciones.
La dinámica comercial de este comportamiento de intercambio energético entre 2019 y 2026 se caracteriza por un flujo asimétrico, es decir, México envía petróleo crudo pesado a las refinerías de Texas y compra de regreso combustibles ya procesados: el petróleo crudo que México manda a Estados Unidos ha mantenido una tendencia a la baja disminuyendo de promedios de 665,000 barriles de petróleo diario a cerca de 400,000 barriles de petróleo diario debido a la política del gobierno mexicano de retener el crudo para alimentar el sistema nacional de refinación.
En el caso de gasolina Disel Estados Unidos concentra más del 40% de todas sus exportaciones globales de gasolina exclusivamente en el mercado mexicano alcanzando niveles sostenidos de suministro que superan los 360,000 barriles por día de gasolina pura; con estos números, es probable darse una idea de las dimensiones de carácter logístico que implica el traslado de estas cantidades, el traslado de combustible a través de carro-tanques de ferrocarril, se convirtió en el segundo medio terrestre más importante y económicamente eficiente. Sólo después de los ductos.
Un solo tren puede mover volúmenes masivos equivalentes a decenas de autotanques mejor conocidos como pipas, empresas privadas, estadounidenses y mexicanas expandieron el uso de espuelas y terminales ferroviarias en el noreste de México para agilizar la entrega en Monterrey, Saltillo y San Luis Potosí, y debido al gran volumen que ingresa por las aduanas ferroviarias como nuevo Laredo, este medio ha sido aprovechado por redes de delincuentes para declarar partidas falsas, por ejemplo simular lubricantes o químicos de bajo impuesto en lugar de Disel, lo que ha detonado algunas investigaciones de la fiscalía general de la República y del S.A.T. en lo que va del actual administración.
El comercio y transporte de hidrocarburos entre Estados Unidos y México ha experimentado una profunda transformación en los últimos siete años, a pesar de esfuerzos por la autosuficiencia energética, México se ha consolidado como el principal mercado-destino para los productos refinados estadounidenses, importando más del 70% de las gasolinas y Diesel que consume el país internamente.
De acuerdo con datos históricos de la administración de información de energías de Estados Unidos, el volumen de productos petrolíferos exportados a México promedia entre 1.2 y 1.7 millones de barriles por día; el pico histórico hasta hoy es el año 2022, impulsado por la recuperación económica, post pandémico y los altos precios internacionales, el valor del comercio energético bilateral alcanzó una cifra récord de 81. 9 mil millones de dólares con envíos estadounidenses cercanos a los 1.7 millones de barriles por día.
El flujo legal de los refinados se estabilizó en torno al 1.2 millones de barriles de petróleo por día, y, no obstante, factores como el mercado neg ro y el subregistro aduanal, mejor conocido como Wachicol fiscal han generado discrepancias entre los volúmenes reales, que cruzan la frontera y los registros fiscales oficiales.
Es probable que estos indicadores ayuden a dimensionar de una manera más adecuada, las
dimensiones que representa el señalamiento de personas involucradas en el tema del wachicol, y lo que significa en términos del involucramiento, de personajes de la política, de las estructuras policiacas, militares, marinos, funcionarios públicos, empresarios, etc. entre otros; estamos hablando del involucramiento de algunos miles de personas que han tenido que ver con la logística con la manipulación de las cifras, con el involucramiento de funciones que reclaman claros índices de transparencia.E
En el Marco de todo esto… da la impresión de que el gobierno mexicano se tardó en ejecutar alguna disposición de carácter judicial hasta que encontró la persona que lograra el efecto político y señalar por presunta relación con la red de contrabando y Wachicol fiscal al personaje que lograra la mayor eficacia en la distracción.
Ernesto Ruffo Appel es señalado por su presunta relación con una red de contrabando y Wachicol fiscal, fue vinculado a proceso tras las audiencias recientes y se instruyó prisión preventiva en un penal de alta seguridad, desde luego que ha generado un debate público y una polarización en la opinión pública del país, como si así hubiese sido planeada la maniobra de impacto político, derivada de esta detención.
Se le acusó de ser el accionista mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de CV y no es verdad, el accionista mayoritario es José Merino Valdez Cuervo, quien fundó la empresa en el año 2018 y posee la mayoría con 55,500 acciones, el ex gobernador Ernesto Ruffo ingresó formalmente a la Sociedad en noviembre de 2021, adquiriendo 30,000 acciones, el resto de las acciones está distribuido entre las empresas dragados y puertos con 12,500 , acciones y servicios portuarios con 12,000 acciones y ambas son propiedad de la Familia Thompson Ramírez.
No obstante, de ser socio minoritario, según los papeles, la fiscalía general de la República lo señala como uno de los presuntos líderes de la red criminal, argumentando que su nombre y sus relaciones, facilitaron el esquema de simulación e importación ilegal de combustibles.
En las audiencias judiciales, una juez vinculó a proceso junto al exgobernador, a otros siete detenidos, entre los que destacan importantes empresarios del norte del país y agentes aduanales, Ricardo Thompson, Navarro y Ricardo Thompson Ramírez, empresarios originarios de Saltillo. Coahuila, están ligados a las firmas, servicios portuarios, asociadas con Ingemar y la fiscalía general de la República los señala como piezas esenciales del apoyo corporativo dentro del modelo de operación.
Debido a complicaciones de salud, la juez les concedió continuar en proceso bajo prisión domiciliaria.
Adriana Bárcenas, representante legal de la empresa, logística ferroviaria Fargo, es una pieza clave en el transporte de combustible y directivos vinculados a la compañía internacional de Fuentes, presuntamente utilizada para la recepción y distribución final de los hidrocarburos, así como Juan Emilio Chávez, agente aduanal, con base de operaciones en nuevo Laredo Tamaulipas, también acusado por simular con los pedimentos de importación y Luis Antonio Barrientos Juárez, dependiente aduanal autorizado que operaba bajo las órdenes de Chávez Rodríguez en los cruces fronterizos junto con el exgobernador Ernesto Ruffo permanecen recluidos en el penal federal del altiplano, bajo prisión preventiva.
Los delitos que la fiscalía general de la República imputa a Ernesto Ruffo y los demás detenidos giran en torno a una supuesta red de Wachicol fiscal un esquema de delincuencia diseñado para ingresar hidrocarburos ilegalmente a México y aunque estos ocho implicados comparten la acusación principal, la juez de control identifica las conductas específicas en tres ilícitos federales, dependiendo del rol que jugaba cada uno en la organización:
1. Delincuencia, organizada. Se les imputa a los ocho detenidos, la fiscalía general de la
República argumenta que existía un nivel directivo y un reparto de funciones financieras,
aduanales y de logística para operar de manera sistemática.
2. Contrabando. Consiste en la introducción ilegal de combustibles al país evadiendo el pago de impuestos federales; la red compraba combustible legítimo en refinerías de Texas y al cruzar las aduanas mexicanas en vagones de tren falsificaban los pedimentos de importación utilizando dos métodos principales reportar sólo el 10% del volumen real, transportado o bien declarar falsamente el producto, como si fuera otro tipo de sustancia industrial de menores aranceles.
3. Delitos en materia de hidrocarburos. Este ilícito, castiga el almacenamiento, resguardo,
transporte, posesión y comercialización ilícita, de combustibles, de los cuales no se puede
acreditar su procedencia legal o su correcta importación.
La fiscalía estima que, mediante la falsificación aduanal de cientos de carrotanques, se generó un daño al erario que supera los 4400 millones de pesos.
En las investigaciones en esta materia siguen avanzando en diferentes velocidades, con marcadas diferencias en el trato penal y mediático entre opositores como Ernesto Ruffo y los integrantes del aparato oficialista.
El discurso oficial de cero impunidades está confrontado por investigaciones de la propia fiscalía, la cual destapa una red paralela en las aduanas marítimas y fronterizas entre los
militares que han enfrentado procesos o detenciones y todo lo que tiene que ver con funcionarios del oficialismo toma su tiempo, no obstante que haya habido arrestos, la detención exprés de Ernesto Ruffo, evidencia una justicia selectiva y ciertas cortinas de humo.
Como ejemplo, los expedientes que involucran a militares de alto rango, se manejan con hermetismo extremo y bajo los argumentos de seguridad nacional y los implicados cercanos al oficialismo o a las estructuras del gobierno es probable que hayan tenido algunas batallas en los tribunales, pero los jueces federales han concedido suspensiones y amparos definitivos a mandos navales, con lo que han logrado frenar temporalmente las capturas, esto hace más lentos los juicios y contrasta con la rapidez con la que se procesó a la oposición.
La estructura de propaganda del gobierno de la República está enfocada en hacer reiterados señalamientos en las conferencias matutinas respecto a las investigaciones de la fiscalía general de la República.
En el futuro, para el caso del exgobernador y los empresarios del norte del país, vinculados a él, tras ser vinculados a proceso por delincuencia, organizada y contrabando, permanecerán en el penal de máxima seguridad, porque la juez fijo un plazo de meses para que la fiscalía y la defensa desahoguen pruebas complementarias, hay 25 órdenes de aprehensión en total en esta carpeta y el futuro del caso, incluye la búsqueda y captura de otros empresarios y operadores logísticos que se encuentran prófugos.
Con relación al proceso penal de alcance nacional contra el vicealmirante, Emanuel Farías Laguna y el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del ex secretario de Marina Rafael Ojeda… el futuro de este caso es simplemente impredecible. Por un lado, la fiscalía los acusa de operar una maquinaria perfecta para dejar pasar buques con combustible ilegal en los puertos, y por otro lado los mandos navales han promovido suspensiones queriendo llevar el proceso en libertad, mientras esto se resuelve, pueden pasar años.
Así, es como todos los casos que tienen que ver con los directores de las aduanas de Tamaulipas, con el caso del señor de los buques, con el caso de Mayra fletes que involucran al empresario Roberto Blanco, con el caso de los exdirectores vinculados al grupo cercano del expresidente… todo esto, en resumen, tendrá que esperar.
Mientras que el caso de la oposición se encamina a un juicio rápido, de alta visibilidad penal, desde la cárcel y son procesos que escasamente tocan las estructuras del oficialismo y, por lo tanto, eso sigue perfilado en caminos de opacidad institucional, de amparos, prolongados, y de detenciones que algún día vendrán.
Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.
