Operativo Enjambre: sí funciona, pero falta ir por más
Hay algo que el Gobierno de México debería admitir sin complejos: el Operativo Enjambre funciona. Y precisamente porque funciona, habría que preguntarse por qué no se está haciendo mucho más.
Desde noviembre de 2024, Enjambre puso sobre la mesa una verdad que durante demasiado tiempo se quiso esconder detrás de discursos, estadísticas y explicaciones sociológicas: el crimen organizado no vive únicamente de sus sicarios. Vive también de los funcionarios que lo protegen, de los policías que le informan, de los políticos que negocian con él y de las instituciones que se dejan capturar.
El operativo nació en el Estado de México como una operación de inteligencia y coordinación entre las instituciones de seguridad y las fiscalías para ir contra funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales, la primera operación, en noviembre de 2024, incluyó órdenes de aprehensión contra presidentes municipales, directores de Seguridad Pública y otros funcionarios.
Y los resultados no son menores.
Para julio de 2026, el Gobierno federal reportaba 60 detenidos como parte de Enjambre y 16 sentencias condenatorias relacionadas con 22 exservidores públicos. Semanas antes, la Presidencia había informado que las detenciones derivadas de esta operación ya superaban los 85 funcionarios y exfuncionarios, incluidos siete presidentes municipales en funciones.
Incluso hay condenas de 46 y 47 años de prisión contra ex policías municipales vinculados con homicidios. Y, de acuerdo con información reportada en junio de 2026, las sentencias derivadas de Enjambre acumulaban más de 1,146 años de prisión.
Entonces sí: Enjambre está dando resultados. Pero aquí comienza la verdadera discusión.
¿Y qué tanto cambia esto la vida del ciudadano?
Porque una cosa es detener al funcionario que protege al criminal y otra muy distinta es recuperar el territorio que ese funcionario ayudó a entregar.
Un comerciante al que le cobran piso no respira más tranquilo porque detuvieron al director de Seguridad Pública si mañana aparece otro grupo a cobrarle la misma cuota.
Una familia no recupera la tranquilidad solamente porque cayó un alcalde corrupto si la célula criminal que operaba en ese municipio continúa asesinando, secuestrando y extorsionando.
Y una ciudad no deja de ser violenta porque haya fotografías de funcionarios esposados.
El verdadero indicador del éxito de Enjambre no debe ser solamente cuántos funcionarios fueron detenidos. Debe ser cuánta violencia desapareció después de esas detenciones.
Porque ahí está la diferencia entre una operación espectacular y una política de seguridad verdaderamente eficaz.
¿Cuál es la diferencia entre Enjambre y la famosa “guerra contra el narcotráfico”?
En esencia, ninguna.
Y quizá eso sea precisamente lo que resulta políticamente incómodo admitir.
Enjambre utiliza inteligencia, investigación, fuerzas federales, fuerzas armadas, fiscalías y policías para desarticular estructuras criminales.
Eso es combatir al crimen organizado. La diferencia está en el objetivo inmediato.
Durante años, la discusión nacional se concentró en los grandes capos, en los grandes decomisos y en las grandes organizaciones criminales. Enjambre agrega una pieza fundamental: la estructura política y policial que permite que esas organizaciones sobrevivan y controlen territorios.
No estamos hablando de dos guerras diferentes.
Estamos hablando de la misma lucha contra el crimen organizado, pero mirando hacia otro de sus tentáculos.
Y aquí hay una paradoja política bastante interesante.
Un régimen que durante años ha criticado la estrategia de seguridad de administraciones anteriores por haber recurrido a las Fuerzas Armadas y por haber enfrentado frontalmente a las organizaciones criminales, hoy utiliza precisamente a las instituciones federales de seguridad, inteligencia y Fuerzas Armadas para ejecutar operaciones de alto impacto contra estructuras criminales.
Y hace bien.
Porque la seguridad no debería tener ideología.
Las balas no son de izquierda ni de derecha. Los secuestradores tampoco. El cobro de piso tampoco.
Lo que funciona debe utilizarse, venga de donde venga.
El problema es que todavía parece existir cierta resistencia política a reconocer que muchas de las herramientas que hoy están dando resultados pertenecen, en esencia, a la misma lógica de combate frontal al crimen organizado que durante años fue demonizada desde el discurso político.
El gran error sería quedarse a la mitad
Porque si ya descubrimos que una de las patas fundamentales del crimen organizado es el poder político que lo protege, entonces hay que ir por esa pata con toda la fuerza del Estado.
No basta con detener al sicario si el político que le abre la puerta sigue sentado en su oficina.
No basta con decomisar armas si alguien desde una institución le proporciona al criminal información sobre los operativos.
No basta con capturar al jefe de plaza si el funcionario que le garantiza impunidad puede seguir operando desde el Ayuntamiento.
Y tampoco basta con cambiar a un director de Seguridad Pública si la red que lo rodeaba permanece intacta.
El crimen organizado necesita territorio. Necesita información. Necesita protección. Necesita dinero. Necesita funcionarios. Y, sobre todo, necesita impunidad.
Por eso Enjambre tiene un potencial enorme. Pero hay que utilizarlo.
Hay que subir la mira
Si una célula de doce delincuentes puede convertir una ciudad en un infierno, asesinar, extorsionar, desaparecer personas y disparar los índices de violencia de una región entera, entonces no podemos permitirnos pensar que combatir al crimen organizado consiste únicamente en perseguir a los doce delincuentes.
Hay que preguntarse:
¿Quién los protege?
¿Quién les avisa?
¿Quién les permite operar?
¿Quién les facilita contratos?
¿Quién lava su dinero?
¿Quién les abre las puertas?
¿Quién les garantiza que una denuncia jamás llegará a consecuencias?
Ahí está el verdadero poder de Enjambre.
Porque quizá el enemigo más peligroso no sea el hombre armado que está afuera del comercio.
Quizá sea el hombre de traje que está adentro de la institución que debería proteger al comerciante.
Y si las investigaciones de inteligencia encuentran esa conexión, entonces hay que llegar hasta el final.
Alcaldes.
Directores de Seguridad.
Síndicos.
Funcionarios estatales.
Y si las investigaciones sustentadas en pruebas conducen hacia diputados, senadores o gobernadores, también deben llegar hasta ellos.
No importa el partido.
No importa el apellido.
No importa el cargo.
No importa quién esté en el poder.
Si alguien utiliza el Estado para proteger al crimen organizado, está utilizando al Estado contra los ciudadanos.
Y eso no es política.
Eso es traición a la función pública.
El Leviatán no puede ser rehén de sus propios funcionarios
Durante demasiado tiempo hemos hablado del Estado como si fuera una víctima impotente frente al crimen organizado.
No lo es.
El Estado mexicano tiene Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías, fiscalías, inteligencia, tecnología, capacidad financiera y una enorme capacidad operativa.
Lo que ha faltado muchas veces no son necesariamente herramientas.
Ha faltado voluntad para utilizarlas hasta las últimas consecuencias dentro de la ley.
Y aquí hay una lección que Enjambre está dejando sobre la mesa: para recuperar las calles hay que recuperar primero las instituciones.
El Gobierno reporta que la estrategia nacional de seguridad ha producido reducciones importantes en homicidios y millones de aseguramientos, mientras que Enjambre ha golpeado específicamente las redes de complicidad política y policial, en el Estado de México, por ejemplo, la SSPC reportó en julio de 2026 una reducción de 58% en el promedio diario de homicidio doloso respecto de septiembre de 2024, aunque ese dato corresponde a la estrategia integral y no puede atribuirse exclusivamente a Enjambre.
Esa precisión importa.
Porque tampoco se trata de convertir Enjambre en una estampita propagandística.
Hay que medirlo.
Hay que saber qué municipios redujeron homicidios después de las detenciones.
Qué regiones disminuyeron extorsiones.
Qué células fueron realmente desarticuladas.
Qué funcionarios fueron condenados.
Cuántas estructuras financieras fueron destruidas.
Y, sobre todo, qué ocurrió después de que el Estado entró y salió de esos municipios.
Porque el objetivo no es llenar cárceles.
El objetivo es vaciar de miedo las calles.
Ese es el verdadero examen.
Enjambre ha demostrado que sí se puede tocar al poder político que protege al crimen.
Ahora falta algo mucho más importante: que el Estado tenga el valor de seguir el enjambre hasta la última abeja.
Porque mientras haya un político dispuesto a cobrarle renta al Estado para proteger a un criminal, el Leviatán seguirá teniendo un enemigo sentado dentro de su propia casa.
Y a esos enemigos hay que ir por ellos. Ya.
