El poder legislativo de México entró en una agenda de revisión del presupuesto para el año 2027, haremos un ejercicio comparativo, quizá podamos contrastar que sucede con un modelo programático presidencialista, un modelo hiper fragmentado por el poder legislativo, un modelo centralizado y de bienestar y un modelo latinoamericano con estrictas reglas fiscales.
Me estoy refiriendo a cuatro naciones distintas. México, Estados Unidos, Francia y Chile… en realidad, pienso que podría ser comparativo con cualquier otra nación, pero dadas las peculiaridades del manejo presupuestal de estas cuatro naciones podría
representar cierto interés para usted estímalo lector.
Hay naciones en las que se clasifica y se aprueban sus recursos con base en una historia institucional, de manera que mientras que si en México se enfoca en programas… otros países priorizan ministerios o misiones nacionales. Teóricamente México es un sistema presidencialista federal que divide el gasto programable como el desarrollo social y económico y el gasto no programable, con muy poca flexibilidad y siempre es una iniciativa exclusiva del poder ejecutivo.
En Estados Unidos, el tipo de sistema es presidencialista federal como en México y la principal división del gasto es entre el gasto obligatorio y el gasto discrecional pero la flexibilidad para modificar el gasto le compete al Congreso que, inclusive,
lo puede rediseñar al 100%.
En Francia, que es un sistema semi presidencialista, la división principal del gasto es entre misiones, interministeriales, programas y acciones. Su flexibilidad es mínima. Prácticamente el parlamento no puede aumentar el gasto total.
En el caso de Chile, que también es un sistema presidencialista unitario, el presupuesto es en primer lugar de gasto institucional, es decir, los ministerios; una regla de balance estructural con una flexibilidad muy baja porque existe un control
contundente desde las direcciones de presupuestos.
Es importante la comparación porque en el modelo mexicano el presupuesto se rige principalmente por la Secretaría de hacienda y crédito público. Su columna vertebral es la estructura programática, con lo cual vinculan el dinero directamente
a objetivos de política pública y no solamente a la estructura secretarial, por lo que el gasto programable es decir, los recursos destinados a proveer bienes y servicios públicos representa cerca del 70% del presupuesto y se subdivide en desarrollo social; salud, educación, pensiones; en segundo lugar, desarrollo económico, es decir, infraestructura, energía y en tercer lugar el gobierno, mientras que el gasto no programable se integra por los compromisos obligatorios que no financian la operación directa del Estado; incluye el costo de la deuda pública y las participaciones para estados y municipios.
El poder ejecutivo propone el paquete económico y teóricamente la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobarlo y modificarlo. Sin embargo, el margen real de maniobra es estrecho debido a la rigidez de los gastos fijos.
En el caso de Estados Unidos, el presupuesto federal es un reflejo de la profunda división de poderes. El presidente envía una propuesta a través de la oficina de gestión y presupuesto, pero el congreso de Estados Unidos tiene el poder de la chequera y puede ignorar completa mente la propuesta; el gasto obligatorio es el dinero que se gasta automáticamente por ley. Incluye los programas de derecho de los ciudadanos y consume más del 60% del presupuesto total.
En cambio, el gasto discreción es el dinero que el Congreso debe aprobar año con año mediante 12 leyes de asignaciones, donde casi la mitad de ese rubro se destina históricamente a la defensa nacional, pero si el congreso y el presidente no logran
un acuerdo sobre las leyes de asignaciones antes del año fiscal, ocurre un cierre del gobierno.
En Francia se sigue las reglas de la ley orgánica relativa a las leyes de finanzas, es un modelo altamente admirado por los técnicos financieros internacionales, debido a su enfoque en la rendición de cuentas, por un lado, el presupuesto no se
divide por ministerios, sino por grandes políticas públicas transversales, por ejemplo, la educación, la investigación y la educación superior, es decir, una misión puede involucrar a varios ministerios.
Cada misión contiene programas específicos con indicadores de rendimiento estrictos y el parlamento francés puede reasignar dinero dentro de una misma misión, pero la constitución les prohíbe crear enmiendas que aumenten el gasto público total o reduzcan los ingresos del Estado. El control del poder ejecutivo sobre el déficit es muy fuerte.
Chile por contraste posee uno de los sistemas presupuestarios más formales e institucionales de América Latina, coordinado por la dirección de presupuestos, su diseño destaca por su enfoque macroeconómico y centralizado, es decir, el presupuesto se calcula con base en los ingresos de mediano plazo del país; estiman el precio futuro del cobre y las tendencias del producto interno bruto. Si el precio del cobre sube temporalmente, el gobierno no puede gastar ese excedente debe ahorrarlo en fondos soberanos para usarlo en épocas de crisis.
Es de carácter fundamentalmente institucional, es decir, son partidas ministeriales, capítulos y programas ministeriales, pero tiene una particularidad. El congreso chileno tiene facultades sumamente limitadas, sólo puede aceptar o disminuir los
gastos presupuestales por el ejecutivo, pero jamás aumentar gastos ni estimar ingresos diferentes a los presentados por el ministerio de hacienda.
Este esquema comparativo nos puede ayudar a clarificar técnicamente qué pasa con el ejercicio presupuestal de nuestro país. Aparentemente el sistema de México destaca por su transparencia en el seguimiento de los programas, pero parece contar con una rigidez autoimpuesta por los rescates energéticos y por el pago de la deuda. Así como Estados Unidos parece contar con una mayor flexibilidad democrática, pero le afecta la inestabilidad política crónica y contrasta en el caso de Francia con el pináculo de la evaluación del desempeño técnico, mientras que, en Chile, el presupuesto es el ejemplo del manual sobre cómo blindar las finanzas públicas contra los ciclos políticos de corto plazo.
La definición de prioridades en el gasto público es el punto donde la técnica financiera se cruza con la ideología política. Los recursos son limitados, pero las demandas sociales son infinitas. Por lo tanto, a nivel internacional los criterios de prioridad no se deciden al azar; se construyen combinando marcos legales, metodologías, técnicas de evaluación y el peso de la agenda política en turno.
Antes de decidir a qué proyectos darles prioridad, los gobiernos en general, deben restar los compromisos obligatorios por ley, a esto se le llama rigidez presupuestaria, de manera que primero están las obligaciones financieras como el pago de la deuda pública, tanto de los intereses como del capital, deben de pagarse primero para evitar crisis financieras; enseguida los derechos adquiridos es decir, las pensiones, las jubilaciones, los salarios del personal de salud, educación y seguridad; las transferencias de ley, específicamente las participaciones que por ley le corresponden a los estados o municipios y deben de separarse de inmediato y no confundir los conceptos, una vez que se cubren estos gastos fijos que suelen absorber entre el 60 y el 80% del total el gobierno puede aplicar criterios de prioridad sobre los porcentajes restantes.
Durante los últimos ocho años y por lo que se ve también sucederá en el 2027, se ha ejercido el presupuesto de la manera más caprichosa e irresponsable, quizá hasta con propósitos ocultos derivados de iniciativas corruptas, la manera como se ha violentado el ejercicio presupuestal comprende todas las aberraciones que técnica y políticamente se pueden tener con un ejercicio presupuestal.
El poder legislativo es un cero a la izquierda asumido voluntariamente, por si hiciera falta. No tienen responsabilidad sobre la decisión del presupuesto, ni la quieren tener y toda su responsabilidad se cumple al momento de emitir un voto de aprobación. La mayoría del oficialismo en la Cámara de Diputados reduce su responsabilidad a levantar el dedo para su aprobación.
En el caso específico del presupuesto para el proceso electoral 2027, en donde se ha decidido un recorte de 6000 millones de pesos al INE, ilustra de forma muy clara, como operan los criterios de prioridad y control político en nuestro país.
Desde la perspectiva de un análisis comparativo internacional de las finanzas públicas, los movimientos presupuestales se explican a través de tres dimensiones: la justificación técnica oficial, la reasignación de prioridades del plan nacional y la coyuntura política.
Todo el argumento central de oficialismo, es decir, morena y sus aliados para validar la reducción es un ejercicio de presupuesto basado en resultados y en comparaciones de eficiencia histórica, por lo que el gobierno federal y la Cámara de Diputados argumenta que el presupuesto original solicitado por el INE, estaba inflado y la justificación técnica presentada fue que al comparar las necesidades reales del gasto operativo con los procesos electorales previos, es decir 2021 o 2024, el INE podría operar de manera óptima y garantizar los comicios con los 36,274 millones autorizados finalmente, es decir, después de la aberrante, corrupción del partido morena, en todas sus decisiones que tienen que ver con los procesos electorales, y que ha sido el escándalo de mayores dimensiones que haya tenido en su historia, el Instituto nacional electoral.
La propia presidencia provisional del INE ha manifestado públicamente que el recorte obliga a la institución a compactar gastos y retirar recursos de proyectos secundarios.
El presupuesto específico destinado estrictamente a la organización de las elecciones hoy parece que no se ha tocado, pero, como todos los días, se agregan contenidos a la agenda y en la estructura de corrupción del gobierno de la cuarta transformación, no hay manera de poner un punto final en las interpretaciones y en los análisis… corremos el riesgo de seguir quedándonos cortos en la interpretación.
Por ahora sólo predominan los criterios políticos; la reasignación de recursos, hacia programas sociales, el fortalecimiento de los programas insignia de la cuarta transformación que solamente siguen dañando, estructuralmente la vida del país y un factor político de fondo, derivado de la crisis de credibilidad que tiene el oficialismo y las instituciones que nos afecta en este periodo de ocho años transcurridos.
He dejado por escrito en otras columnas, que la corrupción que está viviendo y sigue publicándose, el INE lleva a nuestro país a un escenario en donde el principio básico de legitimidad del ganador depende enteramente de la credibilidad del árbitro, es decir, el oficialismo ha rebasado todos los límites y ha logrado el máximo debilitamiento de una institución, que representa la confianza en un proceso electoral, pero hoy, un INE debilitado financieramente o bajo la sospecha constante, puede volverse el Boomerang para el oficialismo, porque ya no hay manera de que si morena y sus aliados ganan de forma contundente los comicios federales, toda la oposición y la ciudadanía general no estarán por atribuirle el triunfo a la popularidad del movimiento, sino a la asfixia presupuestal y operativa de la autoridad electoral, de manera que cada falla técnica, retraso en los cómputos o error operativo causado por la falta de presupuesto, será interpretado por la opinión pública, como una maniobra más del oficialismo para alterar el proceso.
Es posible que el oficialismo le convenga en el cortísimo plazo, mantener la debilidad del Instituto electoral y hasta poner en riesgo la calidad de un órgano autónomo, sin embargo, en el mediano y largo plazo, haberle restado recursos al INE, en medio de dudas sobre la integridad del propio movimiento de morena, el gobierno está arriesgando lo más valioso que puede tener un sistema político: la certeza jurídica. Si el árbitro falla el triunfo del oficialismo, pierde valor y la gobernabilidad del país se vuelve vulnerable.
Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.
