Rocha Moya, el momento en que Claudia tendrá que elegir.
Ya no estamos frente a un escándalo político. Estamos frente a una prueba histórica de poder.
El caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es una acusación más ni una tormenta mediática pasajera. Es, probablemente, el mayor señalamiento contra un político mexicano por vínculos con el narcotráfico en la historia moderna del país.
Y lo verdaderamente revelador no es la acusación en sí, sino el silencio incómodo del régimen. Porque cuando las investigaciones más graves contra la clase gobernante mexicana llegan desde Estados Unidos y no desde nuestras propias instituciones, queda expuesto algo brutal: el Estado mexicano dejó de investigarse a sí mismo.
El Leviatán mexicano ya no protege a los ciudadanos. Protege al poder.
Durante años se construyó un discurso moral que prometía acabar con la corrupción y separar al gobierno del crimen.
Hoy ese discurso enfrenta su momento de verdad, no en un mitin, no en una mañanera, sino en una decisión política inevitable.
Claudia Sheinbaum tendrá que elegir. No hay punto medio.
Tendrá que decidir si entrega al que podría convertirse en el mayor político narcotraficante expuesto de nuestra era democrática, junto con los otros funcionarios señalados, o si decide proteger la estructura política heredada por el expresidente Manuel Andrés López Obrador —MALO—, el verdadero poder que aún mantiene secuestrada una parte fundamental de Morena.
La decisión no es jurídica. Es existencial, es sobre la trascender.
Porque hay algo que en Palacio Nacional saben y pocos quieren decir en voz alta: Estados Unidos ya tiene información suficiente sobre esos dos viejillos y todos los demás.
Los expedientes existen, las investigaciones avanzaron hace tiempo y Washington no suele acumular inteligencia para dejarla archivada.
Donald Trump ya dejó una señal.
Cuando a finales de abril lanzó su advertencia pública —“No more Mr. Nice Guy”— muchos quisieron leerla como un mensaje dirigido a Medio Oriente o a Irán. Pero el mensaje real era otro.
Era para México.
Para un gobierno que comienza a ser visto no como aliado estratégico, sino como problema de seguridad nacional.
Y cuando Estados Unidos cambia el tono, no lo hace para negociar suavemente. Lo hace para imponer condiciones.
Claudia aún tiene margen de maniobra. Porque sería profundamente incongruente exigir respeto internacional mientras se protege internamente a funcionarios señalados por ínculos con el narcotráfico.
La oposición —débil, fragmentada y hasta ahora incapaz— tendría entonces un argumento irrefutable: un gobierno que prometió transformación terminó defendiendo exactamente aquello que juró combatir.
Y la revisión política sería inevitable. Ahí está el contraste incómodo.
Mientras en Chihuahua, bajo el gobierno de Maru Campos, se desmantelan narcolaboratorios mediante cooperación internacional, agentes de la CIA murieron en suelo mexicano aportando un importante granito de arena para proteger a su país y contribuir a la seguridad regional.
Junto a ellos también cayeron policías estatales mexicanos que cumplieron su deber con México hasta el final. Mexicanos que sí enfrentaron al crimen. Mexicanos que sí arriesgaron todo por el Estado. Mexicanos que ya trascendieron en la historia como héroes.
Por eso resulta moralmente asqueroso observar cómo algunos sectores políticos minimizan actos heroicos, cuestionan operaciones contra el narcotráfico y, al mismo tiempo, se apresuran a defender a figuras señaladas por vínculos con estructuras terroristas.
Ese contraste desnuda la crisis ética del poder público y del vomitivo movimiento que es Morena. Porque mientras unos mueren combatiendo al crimen organizado, otros parecen empeñados en normalizar su infiltración política.
Si Claudia protege a Rocha Moya, enviará un mensaje devastador: que el sacrificio de policías mexicanos y aliados internacionales vale menos que las lealtades partidistas.
Pero si es políticamente inteligente, entenderá algo elemental del poder: las oportunidades históricas aparecen pocas veces. Entregar a Rocha Moya y a los otros ocho funcionarios señalados no sería una derrota.
Sería su emancipación política.
Significaría adelantarse a Washington, recuperar soberanía real, romper con la sombra del viejo liderazgo, construir su propia corriente dentro de Morena y evitar que el destino político de México se decida fuera del país.
La oposición quedaría desarmada, su propio partido tendría que reacomodarse, y el gobierno mexicano enviaría, por primera vez en años, una señal inequívoca de autoridad moral.
Porque la verdadera soberanía no consiste en discursos nacionalistas vacíos ni en cerrar filas alrededor del poder acusado, la soberanía consiste en demostrar que México puede limpiar su propia casa antes de que otros lo hagan por nosotros.
Hoy el Leviatán mexicano enfrenta su espejo.
O el Estado recupera la capacidad de imponerse sobre el crimen y sobre sus propias complicidades políticas, o confirmará ante el mundo que el poder y el crimen organizado dejaron de ser adversarios para convertirse en una misma estructura.
Claudia tiene ante sí una decisión que definirá su presidencia y posiblemente una generación entera: salvar al país o proteger al pasado.
Porque cuando Washington deja de ser paciente, ya no pregunta.
Actúa.
