La peligrosa nostalgia de renunciar a la libertad
La historia rara vez retrocede por la fuerza, casi siempre lo hace envuelta en discursos románticos.
Últimamente ha comenzado a circular, principalmente en redes sociales de Estados Unidos, una corriente de opinión vinculada con algunas figuras del movimiento conocido como tradwife, entre recetas caseras, vestidos de otra época y una reivindicación de la vida doméstica, algunas voces han comenzado a defender una idea que hace apenas unas décadas habría parecido impensable: que el voto de la familia lo ejerza el esposo o que las mujeres renuncien voluntariamente a su derecho al sufragio.
No se trata de un movimiento mayoritario ni de una iniciativa legislativa con posibilidades reales de prosperar, pero sí representa una conversación que merece ser tomada en serio, porque las ideas tienen una extraña costumbre: cuando se normalizan, dejan de parecer absurdas, y esta, sencillamente, lo es.
Conviene hacer una distinción importante. Defender el derecho de una mujer a ser ama de casa, dedicarse a la crianza o elegir libremente un modelo de familia tradicional es perfectamente compatible con una sociedad libre, la libertad consiste precisamente en que nadie imponga un único proyecto de vida.
Lo preocupante comienza cuando esa libertad se transforma en una invitación a renunciar a derechos conquistados durante generaciones.
Las mujeres no recibieron el voto como un regalo.
Lo conquistaron.
No llegaron a las universidades porque alguien decidió abrirles la puerta por cortesía, se ganaron ese espacio.
No ocuparon cargos de elección popular porque un sistema benevolente quisiera hacerles un favor.
Demostraron que podían gobernar, legislar, juzgar y dirigir instituciones con la misma capacidad que cualquier hombre, cada derecho político, cada oportunidad laboral y cada espacio de decisión tiene detrás décadas de lucha, de resistencia y de mujeres que soportaron burlas, discriminación e incluso persecución por atreverse a desafiar el orden establecido.
Hoy resulta casi normal ver mujeres ministras de la Suprema Corte, magistradas, juezas, gobernadoras, presidentas municipales, legisladoras, empresarias, rectoras, científicas, pilotos, ingenieras, militares o titulares de organismos constitucionales.
Pero nada de eso fue inevitable.
Nada ocurrió por inercia.
Cada uno de esos espacios fue conquistado, por eso sorprende escuchar, en pleno siglo XXI, voces que presentan como un ideal renunciar voluntariamente al derecho de decidir políticamente, el voto no es únicamente una boleta depositada en una urna.
Es el reconocimiento de que la voz de una mujer vale exactamente lo mismo que la de cualquier otro ciudadano, renunciar a él no fortalece a la familia, debilita la ciudadanía, la representación política no puede delegarse por razón del matrimonio, el amor no elimina la individualidad.
Compartir un proyecto de vida no significa desaparecer como persona, un matrimonio está formado por dos ciudadanos, no por uno que piensa y otro que simplemente acompaña, resulta paradójico que mientras durante décadas millones de mujeres lucharon por sentarse en las mesas donde se toman las decisiones, hoy algunas propongan levantarse voluntariamente de ellas.
Costó generaciones acceder a las universidades.
Costó generaciones ingresar al servicio público.
Costó generaciones romper los techos de cristal en el Poder Judicial.
Costó generaciones ocupar escaños en los congresos.
Costó generaciones dirigir universidades, empresas, hospitales y organismos autónomos.
Costó generaciones demostrar que una mujer puede dirigir una empresa, una fiscalía, un tribunal, una secretaría de Estado o incluso la Presidencia de la República.
Todo ese esfuerzo tuvo un propósito muy simple: que ninguna mujer volviera a necesitar el permiso de otra persona para decidir sobre su propia vida, la verdadera igualdad nunca consistió en obligar a todas las mujeres a seguir el mismo camino, consistió en permitir que cada una eligiera el suyo.
Algunas elegirán construir una carrera profesional, otras decidirán dedicarse por completo a su familia, muchas combinarán ambas cosas, todas esas decisiones merecen respeto, lo que no merece celebrarse es la renuncia voluntaria a derechos que pertenecen a la esfera de la ciudadanía y no a la vida privada.
Y aquí conviene detenerse en otra discusión que comienza a cobrar fuerza en México, cada vez es más común escuchar propuestas para condicionar el derecho al voto a la aprobación de un examen de conocimientos cívicos o políticos, la premisa parece lógica: si el ciudadano va a decidir el rumbo del país, debería demostrar que entiende cómo funciona el Estado.
El argumento suena atractivo… hasta que se analiza con mayor profundidad.
La democracia nunca ha sido un sistema perfecto. Winston Churchill decía que es «la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás», su fortaleza no radica en que garantice que siempre ganen los mejores, sino en que reconoce la igualdad política de todos los ciudadanos.
El voto no es un premio por ser más inteligente, más preparado o más instruido, es un derecho inherente a la ciudadanía.
El problema de los exámenes para votar no es únicamente práctico, sino filosófico y constitucional.
La primera pregunta sería inevitable: ¿quién redactaría ese examen? ¿Qué conocimientos serían considerados suficientes? ¿Quién decidiría qué respuestas son las correctas?
Quien controle el examen tendría, en buena medida, la capacidad de decidir quién participa y quién queda excluido del proceso democrático.
La historia demuestra que las restricciones al sufragio casi nunca comienzan diciendo que buscan excluir a un grupo político, comienzan apelando a criterios aparentemente razonables: patrimonio, alfabetización, nivel educativo, sexo, raza o condición social.
Siempre existe una justificación «técnica», el resultado. Sin embargo, termina siendo el mismo: menos ciudadanos participan y más poder se concentra en quienes establecen las reglas, eso deja de ser una democracia para convertirse en un régimen donde una élite decide quién merece participar políticamente.
Y cuando el Estado selecciona quién puede ejercer sus derechos políticos, comienza a recorrer un camino autoritario incompatible con una democracia constitucional.
Si el problema es que millones de ciudadanos votan desinformados, la solución no es quitarles el voto.
La solución es garantizar educación de calidad. Es fortalecer la educación cívica desde la escuela.
Es promover el pensamiento crítico.
Es exigir campañas electorales con información verificable.
Es combatir la desinformación.
Es formar ciudadanos libres, no reducir el número de ciudadanos con derechos.
Una democracia madura no teme que todos voten; teme que la gente vote sin información suficiente, y esa responsabilidad recae principalmente en el Estado, que tiene la obligación de garantizar educación, acceso a la información y condiciones para que cada ciudadano pueda emitir un voto libre y razonado.
Porque el acceso universal al sufragio no es una concesión del gobierno; es uno de los pilares que distinguen a una democracia de un régimen donde el poder decide quién tiene voz y quién debe permanecer en silencio.
Quizá la mayor ironía sea esta: hubo mujeres que fueron encarceladas, ridiculizadas y excluidas por exigir un derecho que hoy algunas consideran innecesario.
Ellas luchaban por poder votar.
Nosotras no deberíamos estar discutiendo si vale la pena conservar ese derecho.
La libertad no siempre desaparece de golpe.
A veces empieza con una frase aparentemente inocente; «Que vote él por los dos.»
O con otra igual de seductora. «Que solo voten quienes aprueben un examen.»
La primera renuncia a un derecho. La segunda pretende condicionarlo.
Ambas parten de la misma premisa equivocada: que existen ciudadanos con más derecho que otros a decidir el destino de su país, y esa es, precisamente, la idea contra la que generaciones enteras de mujeres y de ciudadanos libres dedicaron su vida a luchar.
Porque los derechos no se heredan para administrarlos con indiferencia.
Se reciben con la responsabilidad de defenderlos.
Y de entregarlos intactos a la siguiente generación.
