La República de Nicaragua, está conformada por 15 departamentos y 2 regiones autónomas y solamente en la capital, Managua existen hoy, medios de comunicación, independientes pero con una agenda informativa limitada y una constante vigilancia estatal.
El presidente de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), Gerall Chávez confirma lo anterior desde San José de Costa Rica donde reside la mayoría de los comunicadores exiliados.
Según el presidente de la organización gremial para la defensa de la libertad de prensa y expresión, ellos califican a esta situación de “apagón informativo”, ya que aunque existen algunos medios privados, cubren solo noticias locales, notas rojas, deportes, culturales y noticias internacionales “curiosas”.
Chávez externó a la agencia de noticias Inter Press Service (IPS): “No hay quien reporte la violación sistemática de derechos humanos, los abusos de poder de la dictadura, de la corrupción y las denuncias de desapariciones, torturas y muertes de los presos políticos”.
El reporte anual 2024 que realiza PCIN, presentado en enero de este año se refería a un “apagón informativo” en 12 de los 15 departamentos de Nicaragua, pero al inicio del primer trimestre del 2025, la actualización de la investigación expresa que solo en la capital, Managua quedan periodistas trabajando en medios locales, con una agenda informativa muy limitada.
¿Cómo se llegó a esta situación en Nicaragua? Un informe de la no gubernamental Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (Fled), dado a conocer desde Costa Rica este mes, explica que “es el resultado de un desmantelamiento sistemático”
El documento de Fled, informa que el régimen de Nicaragua combina múltiples estrategias represivas con el objetivo de silenciar a los periodistas: asedio, intimidación, confiscaciones, encarcelamientos y exilio forzado.
Guillermo Medrano, consultor de comunicación de Fled, sostiene que “en este contexto los desiertos informativos emergen como uno de los rostros más visibles y alarmantes de la censura estructural que impera en Nicaragua”.
El último recurso utilizado por los agentes del régimen sandinista según el informe de Fled de los meses de julio a septiembre de este año, es visitar a periodistas retirados, jubilados o en desempleo, para obligarlos a actuar como “espías” de los periodistas exiliados bajo amenaza de cárcel si se niegan a cumplir con lo solicitado.
Los daños a medios de comunicación, según la Fundación han sido devastadores desde el inicio de la crisis política en el 2018. A partir de entonces, 56 medios cancelados y confiscados y 289 periodistas exiliados y desterrados, condenados a la apátrida al borrarle sus registros civiles académicos y profesionales de los sistemas de registro del Estado.
En el 2018, miles de nicaragüenses se rebelaron contra el gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, por unas reformas a la Seguridad Social que mermaban los beneficios de los trabajadores.
Las autoridades aplacaron las protestas, con el uso letal de la fuerza. Hubo 355 muertos, más de 2000 heridos y miles de personas detenidas, torturadas y posteriormente exiliadas según los datos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH). Posteriormente se establecieron leyes dirigidas a legalizar las detenciones arbitrarias y criminalizar las protestas y el disenso como “traición a la patria”.
Al menos 300 comunicadores más que operaban en distintos medios locales y nacionales abandonaron el oficio con el cierre de los medios y por el temor a la persecución y las represalias por parte del gobierno sandinista.
Según el consultor de comunicación de Fled, como medida de sobrevivencia, los pocos periodistas independientes que aún permanecen en el país (ya sea colaborando de manera discreta con algún medio, desempleados o retirados del oficio) se han visto obligados a usar sus redes sociales para replicar mensajes de “normalidad” o adoptar frases propias del discurso oficial.
Los que aún informan desde el exilio, no firman sus noticias con sus nombres y usan recursos como: “Redacción central”, “Colaboración” y “Periodista”. Según reportes de organizaciones de derechos humanos como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al menos 24 periodistas han sido detenidos y enjuiciados desde el año 2018.
La mayoría han sido desterrados, pero 4 de ellos aún siguen detenidos y en condición de desaparición forzada, incluyendo a Fabiola Tercero, detenida en julio 2024 y sobre quien, desde entonces, no se sabe de su suerte. El tema del “apagón informativo” y el asedio a los periodistas ha sido registrado a nivel internacional.
El 23 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) publicó un informe que ofrece una visión general de la situación en Nicaragua entre el 15 de junio 2024 y el 15 de junio 2025.
El documento concluye que este país centroamericano de 6,7 millones de habitantes atraviesa una fase alarmante de erosión de Estado de Derecho, caracterizada por el debilitamiento de las garantías fundamentales, el cierre de los espacios democráticos y el uso del aparato estatal para reprimir la disidencia.
El informe de la ONU, señala que las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos penalizan de manera arbitraria contenidos que pueden causar “alarma” o “zozobra”, términos que según el Acnudh, son incompatibles con las normas internacionales y facilitan la persecución de voces críticas. Durante el periodo analizado, informa el documento, al menos 17 personas fueron procesadas por publicaciones en redes sociales críticas hacia el gobierno.
El informe indica que Nicaragua descendió al puesto 172 de 180 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, lo que refleja un deterioro acelerado de las condiciones para el ejercicio del periodismo. Según la Fled el número de periodistas que ha abandonado la profesión va en aumento, como consecuencia de un entorno cada vez más hostil para la prensa independiente.
La Fled reporta “La represión, la estigmatización y el riesgo constante han convertido el ejercicio del periodismo en una labor de alto riesgo, obligando a muchos profesionales a desvincularse por completo de su oficio para priorizar su seguridad personal y la de sus familias”.
Una evidencia de la intolerancia al periodismo por parte del régimen sandinista, se registró en mayo de este año, cuando la Unesco le concedió su Premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo Cano, al diario La Prensa de Managua. La Prensa fundada en 1922 mantiene una línea crítica ante el presidente Daniel Ortega y su esposa la copresidenta Rosario Murillo quienes ordenaron su cierre y confiscación en el año 2021.
Su personal abandonó el país en el 2022, y desde entonces siguen informando desde el exilio a través de Internet desde Costa Rica, Estados Unidos, México, España y Alemania. Tras el anuncio del premio, la dictadura emitió un duro comunicado anunciando el retiro de Nicaragua de la Unesco, acusando al organismo de estar al servicio de los imperialistas.
El Gobierno de Nicaragua tildó de “vergonzoso” el premio otorgado al diario decano del país que calificó de “engendro diabólico de antipatria nicaragüense”.
Un periodista de ese medio radicado en Costa Rica, dijo a IPS que el mejor ejemplo de la insostenibilidad de los medios de comunicación en Nicaragua se reflejaba en ese episodio.
Externó el periodista: “Nicaragua tiene una cartera de proyectos por más de 30 millones de dólares con la Unesco, pero el gobierno prefiere perder el dinero y ayuda, antes de tolerar que se le otorgue un reconocimiento a un periódico. Eso te da una idea del nivel de desprecio por el periodismo”, afirmó.
¡Hasta el próximo encuentro…!
Dr.(c).Washington Daniel Gorosito Pérez
