De la barbarie nazi a la violencia en México: los desaparecidos llegan al Vaticano
Hay imágenes que deberían avergonzar a un gobierno, estremecer a una sociedad y sacudir la conciencia de una nación entera. La fotografía de un libro de más de 200 páginas, con los rostros y los nombres de mexicanos desaparecidos, entregado al papa León XIV en el Vaticano, es una de ellas. Doscientas páginas.
Detengámonos un momento a pensar en ello, no son páginas de historia, literatura, avances científicos ni de los logros de un país que alguna vez soñó con conquistar su futuro, son páginas de ausencias, de familias rotas, de madres que no duermen, de hijos que no regresaron a casa y de vidas suspendidas en una pregunta que parece no tener respuesta: ¿dónde están?
El libro Un nombre, mil voces llevó hasta el Vaticano una parte del dolor que México carga desde hace años, y el hecho de que haya tenido que cruzar el océano para que el mundo mire de frente esta tragedia debería producirnos algo más que tristeza, debería provocarnos una vergüenza nacional insoportable.
¿Qué tan profunda tiene que ser la herida de un país para que las fotografías de sus desaparecidos tengan que llegar hasta el Papa para pedirle al mundo que no los olvide? ¿En qué momento llegamos a este punto? ¿Dónde está el Estado cuando una madre tiene que convertirse en investigadora, perita, activista y rastreadora porque buscar a su propio hijo se ha vuelto una tarea que las instituciones no logran resolver? Y, sobre todo, ¿en qué momento nos acostumbramos a semejante horror?
Hay algo profundamente perverso en un país donde el desaparecido se convierte en expediente, la madre buscadora en símbolo de resistencia y la impunidad en parte del paisaje cotidiano. No deberíamos acostumbrarnos, no podemos hacerlo.
Sin embargo, México parece atrapado en una espiral de violencia que ha desgarrado comunidades enteras, ha sembrado miedo en innumerables familias y ha puesto a prueba la capacidad del Estado para cumplir con su obligación más elemental: proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos.
La historia nos enseñó, con la brutalidad de la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial, hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la vida pierde su valor, cuando el otro deja de ser considerado una persona y cuando el poder, el odio y la deshumanización terminan por aplastar la dignidad humana.
El nazismo construyó un sistema de persecución y exterminio que condujo al Holocausto, uno de los crímenes más atroces de la historia, mientras la Segunda Guerra Mundial dejó decenas de millones de muertos y mostró al mundo el abismo al que puede conducir la barbarie organizada. México no es la Alemania nazi, ni la violencia que padecemos es equivalente al Holocausto, la historia exige rigor y las víctimas merecen respeto.
Pero precisamente porque conocemos aquella historia, tenemos la obligación de reconocer las señales que nunca deberían parecernos normales: la deshumanización, el miedo impuesto, la violencia convertida en instrumento de dominio, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la incapacidad de las instituciones para proteger a quienes deberían ser su prioridad.
El horror no siempre se presenta de la misma manera, no siempre aparece en fotografías en blanco y negro ni se anuncia con discursos que el mundo entero reconoce como amenazas. A veces se instala poco a poco, se vuelve una noticia más, una cifra más, una familia más que busca, una fosa más, un pueblo más que aprende a vivir con miedo.
Un día desaparece un joven, al siguiente una madre sale a buscarlo, después aparece una nueva estadística y, mientras la conversación pública se desplaza hacia otro asunto, alguien continúa esperando una llamada que nunca llega.
Así se corre el riesgo de normalizar lo inaceptable, de permitir que la tragedia se convierta en costumbre y que la indignación dure menos que un ciclo de noticias.
Ese es uno de los efectos más terribles de la violencia, no solamente destruye vidas, también intenta destruir nuestra capacidad de indignarnos.
Por eso, la memoria de la Segunda Guerra Mundial no debe utilizarse como una comparación fácil ni como una consigna partidista, debe servirnos como advertencia moral.
Ninguna sociedad está exenta de caer en la barbarie cuando abandona sus principios, relativiza la dignidad humana o permite que el sufrimiento de unos se convierta en un asunto secundario para los demás.
La historia no se repite necesariamente con los mismos protagonistas ni con idénticos métodos, pero sí puede advertirnos de lo que sucede cuando la indiferencia ocupa el lugar de la conciencia y la impunidad desplaza a la justicia.
En marzo de 2026, el registro nacional reportaba más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas. Esa cifra reúne casos de distintas épocas y situaciones que deben analizarse con rigor, pero ningún matiz estadístico puede borrar la dimensión humana de esta tragedia. Detrás de cada registro hay una historia que merece ser esclarecida, detrás de cada nombre hay una
familia que tiene derecho a saber qué ocurrió. La desaparición no termina el día en que alguien deja de ser visto, continúa cada mañana en la cama vacía, en el teléfono que no suena, en los cumpleaños que llegan sin abrazos y en la pregunta que vuelve, implacable, antes de dormir: ¿dónde estás?
Hay madres que han tenido que aprender a buscar en la tierra lo que deberían estar buscando en los brazos de sus hijos, mujeres que salen con fotografías, palas, agua y una esperanza que el dolor no ha conseguido extinguir. Familias que recorren oficinas, fiscalías, hospitales, morgues y terrenos, mientras exigen que alguien haga aquello para lo que existen las instituciones.
A esas mujeres y a esas familias les debemos mucho más que homenajes ocasionales, les debemos verdad, justicia, investigaciones serias, identificación forense, protección y acompañamiento. Les debemos un Estado que no las abandone cuando más lo necesitan.
Tampoco podemos permitir que su dolor se convierta en una disputa de propaganda. Ningún partido tiene derecho a apropiarse de su tragedia, ningún gobierno puede exigir silencio para proteger su imagen y ninguna oposición debería utilizar sus nombres como simple munición política para después olvidarlos cuando las cámaras se apagan.
Las desapariciones deben investigarse, los responsables deben responder ante la justicia y las autoridades deben rendir cuentas por sus omisiones y corregir aquello que no funciona.
Una democracia no se mide únicamente por sus elecciones, sus discursos o sus programas sociales, también se mide por su capacidad de proteger a los más vulnerables, encontrar a quienes faltan y garantizar que ninguna familia tenga que librar sola una batalla contra el olvido.
En Contra el Leviatán hemos hablado de un Estado que crece, concentra poder y pretende presentarse como la respuesta a todos los problemas de la sociedad. Pero ¿de qué sirve un Estado que exige obediencia y legitimidad si no puede garantizar lo más básico: la seguridad de sus ciudadanos? ¿De qué sirven los discursos sobre la transformación si una madre sigue sin saber dónde está su hijo? ¿De qué sirve presumir autoridad si el miedo condiciona la vida de comunidades enteras?-
El Estado existe para proteger a las personas, no para pedirles que se resignen a vivir entre la incertidumbre y el peligro. Su legitimidad no nace de la propaganda ni de la repetición de consignas, nace del cumplimiento de sus obligaciones.
Cuando la violencia rebasa a las instituciones, cuando la impunidad persiste y cuando las familias deben asumir tareas que corresponden a las autoridades, el problema deja de ser exclusivamente criminal y se convierte también en una crisis de responsabilidad pública.
Esto no significa que toda desaparición sea atribuible al Gobierno ni que todos los casos tengan las mismas causas, significa que el Estado tiene la obligación indeclinable de prevenir, buscar, investigar y sancionar, además de rendir cuentas por sus resultados. Un gobierno no puede controlar cada acto criminal, pero sí debe demostrar que hace todo lo que está en sus manos para impedirlo, combatirlo y esclarecerlo.
La obligación no se satisface con una conferencia de prensa, no se cumple con un eslogan y mucho menos con la descalificación de quienes preguntan, se cumple con resultados verificables, con instituciones capaces, con inteligencia contra las organizaciones criminales, con coordinación efectiva, con protección a las familias y con una justicia que no dependa del apellido, del dinero o de la influencia de quien la solicita.
La seguridad no es un lujo ni una concesión del poder, es una obligación fundamental del Estado, la vida de un mexicano no vale menos porque haya nacido lejos de los centros de poder, porque pertenezca a una familia humilde o porque su desaparición no ocupe los titulares de los grandes medios. Cada persona importa, cada vida cuenta y cada ausencia exige una respuesta.
Pero esta reflexión no puede terminar en la oscuridad, no porque debamos suavizar la tragedia, sino porque hacerlo sería concederle a la violencia una victoria adicional. México no es solamente la historia de sus desaparecidos, también es la historia de quienes se niegan a abandonar su búsqueda.
Es la madre que sale una vez más, aunque el cuerpo le duela y la esperanza parezca agotarse, el padre que no acepta una respuesta evasiva, el colectivo que acompaña a otra familia cuando ya no queda dinero para continuar, el periodista que investiga a pesar de las amenazas y el ciudadano que denuncia, exige, se organiza y se niega a aceptar que la barbarie sea el precio inevitable de vivir en este país.
Esa valentía existe, no es retórica, tiene nombres, rostros, heridas y un costo personal inmenso. A esas personas les debemos admiración, pero también solidaridad concreta. No podemos aplaudir su valentía y dejarlas solas, no podemos convertirlas en símbolos de fortaleza para después mirar hacia otro lado cuando reclaman recursos, seguridad, investigaciones y justicia, su lucha nos recuerda que México no está condenado a ser lo que hoy es, pero construir un país distinto exige mucho más que buenos deseos, exige instituciones fuertes, límites efectivos al poder, libertad de expresión, responsabilidad política, una justicia independiente y una sociedad civil capaz de exigir cuentas sin temor.
Necesitamos recuperar la convicción de que el Estado de derecho no es una consigna de izquierda ni de derecha, es la diferencia entre vivir bajo la protección de la ley y quedar a merced de quien ejerce la fuerza. También necesitamos una sociedad que entienda que la dignidad humana no admite excepciones.
No importa por quién vote una familia buscadora, no importa si coincide con el gobierno o lo critica, no importa su religión, su condición económica o su lugar de origen, su derecho a saber qué ocurrió con sus seres queridos es el mismo, la justicia no puede tener colores partidistas, la dignidad no puede depender de una filiación política y el dolor de una madre no debería necesitar una audiencia internacional para ser tomado en serio.
Que ese libro haya llegado a las manos del papa León XIV es un acto de memoria y una petición de solidaridad, pero también es un recordatorio doloroso de la dimensión de una tragedia que exige respuestas aquí, en nuestra propia casa. No basta con que el Vaticano conozca los rostros, no basta con que el mundo se conmueva, no basta con que las fotografías circulen y provoquen lágrimas durante unos días, esos nombres necesitan ser buscados, esas historias necesitan ser esclarecidas y esas familias necesitan justicia.
La memoria de los horrores del siglo XX nos obliga a defender la dignidad humana antes de que la indiferencia se vuelva costumbre. La tragedia mexicana nos obliga a exigir que el poder cumpla sus responsabilidades, y la valentía de quienes buscan nos obliga a no abandonar la esperanza, pero tampoco la exigencia. La esperanza no consiste en cerrar los ojos, consiste en abrirlos, reconocer el horror y decidir que no estamos dispuestos a convivir con él para siempre.
Quizá algún día, cuando nuestros hijos estudien este periodo de la historia mexicana, nos pregunten cómo fue posible que tantas personas desaparecieran y que tantas familias tuvieran que salir a buscarlas. Ojalá podamos responderles que hubo quienes no se resignaron, que hubo ciudadanos que exigieron justicia cuando callar resultaba más cómodo, que hubo madres que se negaron a olvidar, periodistas que contaron la verdad y mexicanos que comprendieron que amar a su país no significa defender a sus gobernantes, sino exigirles que estén a la altura de su responsabilidad.
Que puedan decir que no fuimos una generación que normalizó el horror, sino una que tuvo el valor de enfrentarlo.
Porque un país no se salva ocultando a sus muertos ni negando a sus desaparecidos, se salva cuando vuelve a poner la vida humana por encima del poder, cuando la justicia deja de ser una promesa y cuando la verdad importa más que cualquier conveniencia política.
Doscientas páginas llegaron al Vaticano, pero México no cabe en un libro, tampoco su dolor ni la magnitud de su deuda con quienes faltan. Cada rostro representa una vida que merece ser encontrada, cada nombre representa una familia que merece una respuesta y cada día sin justicia representa una obligación pendiente para el Estado y para nuestra conciencia colectiva.
Que esas páginas nos duelan, que nos indignen, que nos avergüencen si hace falta, pero, sobre todo, que nos despierten. Porque el día en que México deje de indignarse ante la desaparición de sus hijos, la violencia habrá conseguido algo todavía más terrible que arrebatarles la libertad o la vida: habrá conseguido que los demás aprendamos a vivir sin ellos.
Y mientras haya una madre buscando, un ciudadano exigiendo y un mexicano dispuesto a luchar por un país distinto, el Leviatán no habrá conseguido silenciar por completo a la nación.
No apartemos la mirada, no aceptemos el olvido y no dejemos de luchar por el México que todavía estamos a tiempo de construir.
