En México celebramos el Día de Muertos mientras miles de familias siguen buscando a los suyos. Hay madres que no pueden poner una fotografía en un altar porque todavía esperan encontrar a sus hijos. Hay padres que llevan años recorriendo fiscalías, cerros, fosas clandestinas y caminos, buscando una respuesta que el Estado no ha sido capaz de darles.
Y hay algo profundamente indignante en esta realidad: en México, para miles de personas, morir a manos del crimen organizado parece haberse convertido en un riesgo cotidiano, mientras que desaparecer puede significar quedar condenado al olvido institucional.
¿Qué clase de país hemos construido para llegar a este punto?
En Culiacán, el sacerdote Clemente Morales Topete fue privado de su libertad durante tres días. Lo golpearon, le provocaron quemaduras y lo amenazaron de muerte. En Chiapas, la violencia también ha alcanzado a quienes dedican su vida a servir a los demás: el sacerdote Juan Manuel Zavala Pedregal fue encontrado muerto después de desaparecer, mientras religiosos franciscanos han denunciado detenciones arbitrarias y actos de tortura atribuidos a elementos policiales.
En Jalisco, adolescentes de apenas 13, 14, 15 y 16 años están siendo captados por organizaciones criminales mediante engaños, falsas ofertas de trabajo y mecanismos de reclutamiento, son niños que deberían estar en las aulas, jugando, estudiando y construyendo un futuro, no siendo convertidos en instrumentos de las organizaciones criminales.
¿En qué momento llegamos a aceptar que un sacerdote pueda ser torturado, que un adolescente pueda ser arrancado de su familia y que una madre tenga que convertirse en investigadora para encontrar a su propio hijo?
La respuesta no puede limitarse a la delincuencia. Tenemos que hablar de algo mucho más profundo: la ausencia de un Estado de Derecho efectivo.
Porque el Estado de Derecho no consiste en que existan leyes escritas, edificios de gobierno, policías uniformados o conferencias de prensa. Consiste en que la ley se cumpla, que los delincuentes sean investigados, detenidos, procesados y sentenciados, que los ciudadanos tengan instituciones a las cuales acudir y que nadie esté por encima de la justicia.
Y para que eso ocurra se necesita un Poder Judicial independiente, profesional, funcional y capaz de actuar sin sometimiento político.
Aquí es donde México enfrenta una de sus transformaciones institucionales más delicadas.
La elección judicial de 2025 modificó profundamente la integración y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. No desapareció jurídicamente, pero sí se desmontó el modelo institucional que conocíamos y se sustituyó por uno en el que jueces, magistrados y ministros llegan mediante elección popular, bajo un nuevo esquema de administración y disciplina.
Sus consecuencias sobre la independencia judicial y los contrapesos democráticos son una preocupación que no puede minimizarse.
Los mexicanos tenemos que entender la dimensión de lo ocurrido: no basta con que exista una Suprema Corte, ni con que haya jueces ocupando oficinas. Lo verdaderamente importante es que puedan impartir justicia sin instrucciones del poder político, sin miedo a represalias y sin subordinación partidista.
Una justicia sometida deja de ser garantía para el ciudadano y se convierte en un riesgo para sus libertades.
Y cuando se habla de un tribunal disciplinario con facultades sobre quienes imparten justicia, la pregunta es inevitable: ¿qué garantías existen para impedir que la disciplina judicial se convierta en un mecanismo de presión política?
El temor a que las instituciones de justicia se utilicen selectivamente contra opositores, críticos o ciudadanos incómodos para el poder no puede despacharse como una simple exageración política, debe responderse con garantías, transparencia y rendición de cuentas.
Porque si un ciudadano teme más al poder que a la posibilidad de obtener justicia, algo fundamental se ha roto.
Pero volvamos a nuestros muertos y desaparecidos.
México lleva dos décadas acumulando una tragedia homicida de dimensiones extraordinarias.
Las cifras históricas del INEGI permiten establecer dos periodos que merecen una comparación inevitable:
Primer periodo: 2006-2017.
Durante doce años se registraron 252,538 defunciones por homicidio.
Segundo periodo: 2018-2025.
Durante ocho años se acumularon 272,897 defunciones por homicidio, incluyendo el registro preliminar de 2025.
Detengámonos un momento…
En ocho años se acumularon 20,359 homicidios más que en los doce años anteriores.
No son números para una disputa de propaganda. Son vidas humanas. Son familias destruidas. Son generaciones marcadas por la violencia.
Y aunque cada administración debe responder por sus propias decisiones, ninguna puede utilizar el pasado como coartada para evadir su responsabilidad presente.
La seguridad no se hereda como una excusa: se asume como una obligación.
Podrán anunciar grandes operativos, desplegar fuerzas federales, detener funcionarios con su Operativo Enjambre o podrán hacer Operatio manada o estampida, pero aver ¿Qué hace un operativo de ese tipo? un operativo puede detener, una investigación puede reunir pruebas, pero es indispensable que un sistema de justicia independiente procese y sancione a los responsables. Sino no sirvió de nada cualquier tipo de operativo.
Los despliegues policiales no sustituyen a las instituciones de justicia.
Podrán realizarse diez, veinte o cien operativos. Podrán detenerse presuntos delincuentes y desplegarse miles de elementos. Pero si no existe capacidad institucional para investigar con rigor, judicializar correctamente, obtener sentencias y garantizar que los criminales cumplan sus condenas, la impunidad seguirá alimentando el ciclo de violencia.
No se puede combatir eficazmente al crimen organizado debilitando los contrapesos del Estado.
El World Justice Project ubicó a México en el lugar 121 de 143 países en su Índice de Estado de Derecho 2025, con una puntuación de 0.40. No es una percepción de la oposición: es una medición internacional que obliga a revisar seriamente nuestras instituciones, la justicia, la seguridad y los límites al poder gubernamental.
Y mientras discutimos reformas, elecciones y discursos, hay mexicanos que siguen muriendo.
Hay sacerdotes que son torturados. Hay niños reclutados. Hay familias que buscan a sus desaparecidos. Hay comunidades que viven bajo el sometimiento de organizaciones criminales.
¡Carajo! ¿Cuántas tragedias más necesita este país para entender que la seguridad no se resuelve con propaganda y que la justicia no puede ser rehén de ningún proyecto político?
Este Día de Muertos no basta con encender veladoras, colocar flores de cempasúchil y recordar a quienes se fueron.
También tenemos que exigir por quienes no han regresado.
Por las madres buscadoras. Por los padres que no descansan. Por los niños que nunca volvieron a casa. Por los sacerdotes que han sido víctimas de la violencia. Por cada mexicano cuya vida fue arrebatada y por cada familia a la que se le ha negado el derecho a saber la verdad.
Un país que no puede proteger a sus ciudadanos, que no puede garantizar justicia y que no puede encontrar a sus desaparecidos tiene una deuda inmensa con su propia sociedad.
El Estado no puede ser fuerte contra sus ciudadanos y débil frente a los criminales. No puede exigir obediencia mientras es incapaz de garantizar seguridad. No puede pretender legitimidad si sus instituciones no ofrecen justicia.
Porque el verdadero Leviatán no es aquel que concentra todo el poder en sus manos, sino aquel Estado que utiliza su autoridad para garantizar la vida, la libertad y los derechos de quienes lo sostienen: sus ciudadanos.
Este Día de Muertos no solamente conmemoramos a quienes perdieron la vida. También levantamos la voz por quienes siguen desaparecidos y por quienes todavía tienen miedo de convertirse en la siguiente víctima.
México no necesita acostumbrarse a la muerte. México necesita recuperar la justicia.
Y a nuestros muertos y desaparecidos les debemos, por lo menos, no guardar silencio.
