Cuando la política estorba a la seguridad
Hay momentos en los que un caso judicial deja de ser un expediente para convertirse en el espejo de las debilidades de un Estado. El caso del exfiscal César Jáuregui, vinculado a proceso por presunta traición a la patria tras una investigación relacionada con la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua, es uno de ellos.
Como señala el Maestro Alberto Guerrero Baena, gran amigo y maestro, el fondo de este asunto va mucho más allá de una disputa entre la Federación y el gobierno de Chihuahua. La pregunta central es quién autoriza, quién conoce, quién supervisa y quién responde cuando organismos de inteligencia extranjeros participan en operaciones relacionadas con la seguridad de México.
Sin embargo, hay una pregunta adicional que merece ponerse sobre la mesa: ¿qué ocurre cuando la cooperación internacional se convierte en munición política y la seguridad nacional queda atrapada entre dos narrativas partidistas?
En ese momento, el Estado pierde dos veces: pierde credibilidad ante sus ciudadanos y debilita la confianza de quienes podrían ayudarlo a combatir a sus enemigos.
El Leviatán contra sus propias instituciones
Thomas Hobbes imaginó al Leviatán como la autoridad soberana capaz de garantizar la seguridad frente al caos. Pero ¿qué sucede cuando el Estado, en lugar de fortalecer sus instituciones, permite que sus propias disputas de poder las debiliten?
En México, la discusión sobre el Estado de derecho ya no puede limitarse a la existencia formal de tribunales, fiscalías y leyes. También debemos preguntarnos si esas instituciones cuentan con independencia suficiente para actuar sin subordinaciones políticas, investigar al poder y ofrecer garantías de imparcialidad.
Las transformaciones del Poder Judicial federal y las controversias sobre su independencia han profundizado el debate sobre los contrapesos institucionales. No basta con afirmar que la justicia es autónoma: es necesario que lo sea en los hechos y que la ciudadanía pueda comprobarlo.
En ese contexto, cualquier investigación que involucre seguridad nacional, cooperación extranjera y presuntos delitos de funcionarios públicos exige un estándar particularmente alto de rigor. La Fiscalía debe presentar pruebas; la defensa debe tener condiciones efectivas para controvertirlas, y los jueces deben resolver conforme a derecho.
Porque una vinculación a proceso no equivale a una condena. Y confundir ambas cosas, desde el poder político o desde la opinión pública, significa sustituir la justicia por el veredicto anticipado.
La paradoja de la inteligencia: proteger las fuentes o perderlas
Hay una consecuencia de este caso que merece especial atención: el posible daño a la confianza entre los servicios de inteligencia y sus fuentes de información.
Para la CIA y para cualquier organismo dedicado a la inteligencia, proteger a sus agentes y a las personas que proporcionan información es una tarea compleja. Las fuentes humanas pueden ser fundamentales para conocer la estructura de una organización criminal, anticipar amenazas y contribuir a investigaciones que, de otro modo, resultarían extraordinariamente difíciles.
Pero esa confianza no surge por decreto. Se construye con discreción, procedimientos confiables y garantías razonables de que la información compartida no terminará expuesta en medio de una disputa política.
Si la cooperación internacional se convierte en un arma para golpear adversarios, el mensaje que reciben las posibles fuentes es devastador: colaborar puede implicar riesgos adicionales y dejar a las personas expuestas a represalias.
El resultado sería contraproducente. Menos confianza, menos información y mayores dificultades para penetrar las estructuras criminales.
La seguridad nacional no se fortalece politizando la inteligencia; se fortalece protegiendo la información, estableciendo responsabilidades y evitando que las instituciones se utilicen como instrumentos de revancha.
Cooperar no significa renunciar a la soberanía
Aquí conviene desmontar una falsa disyuntiva: México no tiene por qué elegir entre defender su soberanía y colaborar con Estados Unidos.
La soberanía no significa aislamiento. Significa que México tiene la capacidad de decidir, mediante sus instituciones y conforme a sus leyes, bajo qué condiciones coopera con otros países.
Si la CIA u otro organismo internacional dispone de información que puede contribuir a desarticular organizaciones criminales que operan en territorio mexicano, existe un interés legítimo en evaluar esa información y establecer mecanismos de colaboración. Lo mismo ocurre con otras agencias extranjeras, siempre que su participación respete el marco jurídico aplicable.
El combate al crimen organizado exige inteligencia, coordinación financiera, cooperación judicial e intercambio de información. Las organizaciones criminales no respetan fronteras; las instituciones democráticas, en cambio, deben respetar la ley.
Por eso, la respuesta no puede consistir en autorizar operaciones sin controles ni en bloquear toda colaboración por razones ideológicas. Necesitamos procedimientos formales, autoridades responsables y mecanismos de supervisión que permitan distinguir una cooperación legítima de una actuación irregular.
Defender la soberanía exige saber quién entra, qué hace, con qué autorización y bajo qué responsabilidad. Pero también exige aprovechar las herramientas internacionales que puedan contribuir a proteger a los mexicanos.
El costo de un Estado que no inspira confianza
El problema se agrava cuando las instituciones pierden credibilidad.
En el México gobernado por Morena, las controversias sobre la concentración del poder, la independencia judicial y la eficacia de los contrapesos obligan a examinar con especial rigor las decisiones de las autoridades federales. No se trata de dar por probada una acusación política, sino de exigir evidencia, transparencia institucional y garantías de independencia.
Tampoco sería serio suponer que los gobiernos estatales están libres de presiones o conflictos de interés. Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, como cualquier otra entidad, deben ser evaluados por el funcionamiento real de sus instituciones, sus resultados y su capacidad para investigar sin interferencias.
La regla debe ser la misma para todos: ni impunidad para los aliados ni persecución para los adversarios.
Si existieron irregularidades en una operación con agentes extranjeros, deben investigarse. Si hubo autorizaciones, deben documentarse. Si algún funcionario abusó de sus atribuciones, debe responder ante la justicia. Y si las acusaciones no pueden sostenerse con pruebas suficientes, el proceso debe reconocerlo.
Lo contrario convertiría la justicia en una herramienta de conveniencia política y agravaría precisamente la desconfianza que México necesita superar.
Reglas claras para una cooperación eficaz
El Maestro Alberto Guerrero Baena apunta a una necesidad fundamental: establecer reglas escritas. Esa propuesta debe formar parte de una reforma seria de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.
México necesita, entre otras medidas:
- Un protocolo nacional de coordinación que establezca las obligaciones de notificación y autorización aplicables a las autoridades mexicanas que participen en operaciones conjuntas con personal extranjero.
- Un registro institucional auditable de los agentes extranjeros acreditados, sus funciones y las autorizaciones correspondientes, con las reservas
- necesarias para proteger operaciones legítimas.
- Canales formales de intercambio de inteligencia, con controles de acceso, trazabilidad documental y mecanismos para proteger a las fuentes de información.
- Responsabilidades y sanciones proporcionales para quienes incumplan la ley, sin recurrir a acusaciones extremas que no puedan acreditarse.
- Supervisión legislativa clara, con respeto a las facultades constitucionales de cada autoridad y controles que impidan tanto los abusos como el uso partidista de la información.
La cooperación internacional debe ser eficaz, pero también verificable. El secreto operativo puede ser necesario; la ausencia absoluta de controles, no.
El Congreso no puede seguir siendo un espectador
La discusión también pone de manifiesto la necesidad de delimitar con claridad las competencias constitucionales relacionadas con la presencia y las actividades de personal extranjero en México.
Cuando las reglas son ambiguas, las instituciones pueden terminar actuando bajo interpretaciones distintas y después utilizar esas diferencias para deslindar responsabilidades. El Congreso tiene una tarea indispensable: revisar los vacíos normativos y establecer procedimientos claros, respetando la Constitución y las atribuciones de las autoridades involucradas.
No podemos permitir que asuntos de esta trascendencia se resuelvan exclusivamente mediante declaraciones públicas, filtraciones o confrontaciones entre gobiernos.
La seguridad nacional requiere instituciones que funcionen incluso cuando quienes las encabezan no se soportan políticamente.
La verdadera amenaza es la impunidad criminal
Mientras las autoridades discuten quién sabía qué y quién autorizó determinada actuación, las organizaciones criminales siguen representando una amenaza para comunidades, familias, policías, militares y funcionarios que enfrentan la violencia.
México necesita una política de seguridad que combine capacidad operativa, inteligencia, coordinación internacional y un sistema de justicia que funcione con independencia. No basta con proclamar soberanía mientras se carece de resultados; tampoco basta con presumir cooperación si esta opera sin controles legales.
La coincidencia de intereses con Estados Unidos no debe convertirse en subordinación, pero tampoco en una excusa para rechazar herramientas que puedan contribuir a desmantelar organizaciones criminales.
Lo importante es que la colaboración tenga objetivos legítimos, reglas claras y resultados verificables.
La soberanía se demuestra, no se declama
Coincido con el Maestro Alberto Guerrero Baena en que necesitamos dejar atrás las narrativas y exigir explicaciones institucionales. Las pruebas deben presentarse donde corresponde, las responsabilidades deben acreditarse y las autoridades deben responder por sus decisiones.
Pero también debemos entender que la cooperación internacional en materia de inteligencia puede ser parte de la solución, siempre que se desarrolle dentro de la ley y con mecanismos eficaces de protección y supervisión.
El Estado mexicano no puede darse el lujo de destruir la confianza de quienes podrían aportar información decisiva contra las organizaciones criminales. Tampoco puede permitir que la soberanía se invoque selectivamente para encubrir errores, proteger intereses partidistas o eludir responsabilidades.
El Leviatán fue concebido para proteger a la sociedad, no para convertirse en un poder que exige obediencia mientras sus instituciones pierden credibilidad.
La soberanía se defiende con justicia independiente, instituciones sólidas, cooperación internacional responsable y una lucha frontal contra la impunidad.
Porque cuando la política desplaza a la justicia, los criminales ganan tiempo. Y cuando el Estado pierde la confianza de sus fuentes, de sus aliados y de sus ciudadanos, termina debilitándose justo frente a quienes más necesita combatir.
