José Juan Ramírez
Opinión Bajío.- La restricción de celulares será insuficiente si no se toma en cuenta a los padres de familia y se trabajan acciones de mayor alcance, advirtió la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
Mediante un comunicado de prensa, se especificó que las autoridades educativas federales y estatales han dado un primer paso importante para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.
Se reconoció la voluntad de poner en el centro el interés superior de la niñez, la evidencia internacional y los resultados de la consulta y sobre todo reconocer que los dispositivos no aportan al docente ni alumno un avance significativo en la educación, aunque señalaron que la medida tuvo omisiones muy concretas.
«Es indispensable señalar con claridad una omisión de fondo: en el diagnóstico y en el proceso de construcción del Acuerdo no se escuchó de manera suficiente ni estructurada a los padres de familia. La consulta nacional se centró en el personal docente y en foros técnicos; las familias —quienes aportaron inquietudes y expresaron necesidades— quedaron al margen de la definición del problema y de las soluciones».
Refirieron que ésta ausencia debilita la legitimidad social de la medida y limita su eficacia real. La UNPF mencionó que las disposiciones son, en principio, razonables y alineadas con tendencias internacionales y con la experiencia ya probada de algunos Estados.
Sin embargo, presentan limitaciones estructurales: Aunque el acuerdo entra en vigor el 3 de noviembre de 2026 y otorga 180 días a las entidades federativas para armonizar instrumentos jurídicos.
«En un contexto de rezago educativo profundo —con dificultades de atención, memoria, creatividad, interacción presencial y regulación emocional documentadas por el propio personal docente—, una regulación de uso de dispositivos, por sí sola, no restablece la autoridad pedagógica ni cierra brechas de aprendizaje».
«Para fortalecer la autoridad de los docentes, se requiere mucho más que retirar celulares por lo que será necesario aterrizar con una normativa integral instando a definir limitaciones, responsabilidades entre otras ya que al dejar ambiguo este rubro, se corre el riesgo de quedar en las mismas condiciones o en su caso puede empeorar en perjuicio de los docentes. Ninguna regulación escolar será sostenible sin la adecuada sensibilización y apoyo de los padres de familia».
Se indicó que el uso de dispositivos no se limita al horario escolar: se extiende a la casa, a las redes, a los momentos de ocio y a las dinámicas familiares. Por ello, para que las medidas del Acuerdo se traduzcan en beneficio real de niñas, niños y adolescentes, se requiere:
- Que se generen espacios permanentes de diálogo entre escuela y hogar para acordar reglas coherentes (horarios de uso, restricción de redes sociales, límites de pantallas antes de dormir, etc.) y no limitar el espacio en asambleas y sin la normativa clara al respecto.
- Que las autoridades acompañen a las familias con información clara, materiales accesibles y orientaciones prácticas, no solo con normatividad sino con la formación complementaria básica.
- Que se reconozca que la autoridad docente se fortalece cuando las familias respaldan las decisiones escolares y cuando existe un marco común de expectativas sobre el uso de la tecnología.
- Que se establezca una ruta pedagógica y didáctica clara que permita contar con programas educativos, contenidos claros y libros de texto adecuados para mejorar las condiciones que los resultados de PISA mostraron en materia de lectura, escritura y matemáticas, entre otras que los docentes ya identificaron con claridad.
- Que se informe por parte de las autoridades educativas de las acciones que se realizarán para que en las escuelas existan los equipos necesarios para docentes y alumnos, la capacitación docente y los programas educativos requeridos que permitan abatir los rezagos educativos pendientes
«El Acuerdo constituye un primer paso en la dirección correcta. Como UNPF, reconocemos el esfuerzo de las autoridades. No obstante, en el contexto de rezago educativo que enfrentamos, resultará insuficiente si no se complementa con acciones de mayor alcance que fortalezcan de manera real la autoridad de los docentes y si no se corrige la omisión de haber construido el diagnóstico y la propuesta sin la voz sistemática de las familias».
«Invitamos a las autoridades a abrir de inmediato canales de participación efectiva, a evaluar de forma periódica y transparente los resultados de la medida, y a articular políticas integrales que aborden no solo el dispositivo, sino las condiciones de aprendizaje, convivencia y bienestar de las y los estudiantes. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes merecen entornos escolares propicios para aprender y convivir. Ese objetivo solo se alcanzará con corresponsabilidad genuina entre Estado, escuelas y familias», finalizó el comunicado de prensa de la UNPF.
