DEFENSORES ADELANTADOS… EL INE PIDE ESPERAR… (sic)
El proceso electoral 2027 inicia el próximo 10 de septiembre, seguramente habrá alguna ceremonia cívica o simplemente algún acto que haga alusión al acontecimiento y entre el 15 de diciembre de este año y hasta el 12 de febrero del próximo 2027 es el plazo para que, si existen, aspirantes independientes, recaben los apoyos que requerirán de los ciudadanos; otra fecha muy importante es el 4 de enero de 2027, porque es la fecha límite para solicitar el registro de convenios de coalición entre los partidos y del 4 de enero al 12 de febrero es el periodo oficial para la realización de las precampañas institucionales, aunque hay otras fechas que son importantes, por el momento nos enfocaremos a estas.
Estamos ante una simulación.
El fenómeno ha dejado de ser una aparente anomalía para convertirse en el modo de operación del sistema de partidos, escalando en intensidad debido al alto valor político de las 17 gobernaturas que se disputarán en junio del 2027.
Existiendo un cínico fraude a la ley, porque legalmente no existen candidatos, no existen precandidatos, tampoco existen llamados al voto, en la práctica las estructuras de los partidos realizan eventos que implican movilización de personas, utilería, equipos de sonido, templetes, logística, organización, pero todo camuflado como asambleas informativas o procesos de organización interna.
Estamos ante una contienda real con reglas de simulación y aunque formalmente se trata de definir liderazgos partidistas, los aspirantes compiten con la misma agresividad que en una campaña constitucional.
Como no existe intervención de una autoridad, ni tampoco han mostrado interés en darse por enterados los integrantes del INE no importa frenarlos, sancionarlos o simplemente llamarlos al orden legal, las competencias internas se están autorregulando únicamente por las dinámicas de poder internas en cada organización política.
El flujo de dinero se dispara de manera exponencial; hay una cantidad importante de estudios sobre el costo de la política en México, indicando que una campaña real puede llegar a costar hasta 10 veces o más de lo reportado formalmente ante la autoridad fiscalizadora y la asignación del recurso también tiene prioridades en tareas de posicionamiento que requieren el financiamiento continuo de firmas encuestadoras que pueden contribuir a inflar la percepción de ventaja de ciertos aspirantes.
Bardas, lonas y espectaculares, que inundan las principales vialidades en los estados del país, frecuentemente atribuidos a revistas, libros o asociaciones civiles ficticias para burlar el rastreo financiero del INE (si es que tuviera el INE interés en hacerlo).
Pautas millonarias en redes sociales, a través de páginas de terceros, Influencers, y granjas de cuentas automatizadas que escapan al catálogo tradicional de proveedores del INE.
Estamos ante un lamentable hecho de simulación, no sólo de los partidos políticos también de la propia autoridad, porque la agenda política está configurada por el oficialismo y sus estrategias para adelantarse a los procesos internos, al mismo tiempo que hacen campañas anticipadas, se someten la opinión de la autoridad en una actitud de asumir las consecuencias, sin importar cuántos delitos electorales se cometen cotidianamente durante todo este proceso.
El proceso que decide las candidaturas es en realidad una campaña anticipada que sirve para involucrar a sus candidatos en la sociedad, probar su capacidad de influencia en los sectores distritales y por supuesto socializar la imagen de los candidatos que previamente fueron negociados.
La democracia en nuestro país sigue siendo la gran mentira, a través de la cual se accede al poder político y el mecanismo con el que se justifica que grupos de poder estén haciendo labores de promoción del voto, sin importar que existe una ley electoral, una autoridad electoral y un tribunal que también sirve para llevar las decisiones jurídico-electorales a esquemas de conveniencia de la estructura gubernamental en turno.
Estamos hablando del más grave deterioro de los mecanismos para la democracia de la nación, y sobre todo de procesos con los que podemos pronosticar, lamentablemente, que, de no haber un cambio de fondo, estaremos observando una nueva agenda política con la que se le miente a los ciudadanos en narrativas que sólo representan estrategias de engaño.
El costo real de un proceso electoral en México se puede analizar dividiéndolo en dos realidades: el tope legal que es el límite de dinero público y privado, permitido por las autoridades electorales y el costo real estimado, es decir, lo que verdaderamente se gasta en tierra y movilización, según opiniones, de consultores políticos y de auditorías independientes.
Desde luego que los costos varían drásticamente según la población de cada distrito, municipio o Estado; pongamos un espacio de análisis para comparar:
Cargo de elección. Tope de gasto legal. Costo real estimado en tierra.
*Diputación local. 1.0 a 2.5 millones. 5 a 12 millones de pesos.
*Diputación federal 2.2 millones 8 a 15 millones de pesos.
Presidente municipal 600 mil a 49 millones 10 millones a más de 150 millones.
Gobernatura 30 a 100 millones. 200 a 500 millones de pesos.
Los organismos públicos locales electorales fijan los topes de gasto; en distritos pequeños rurales el límite puede ser de 1 millón de pesos, en distritos urbanos grandes alcanza hasta 2.5 millones de pesos.
En la vida real conseguir una diputación local, requiere una intensa movilización en sectores específicos y el costo real puede llegar a 8 millones de pesos en promedio destinados principalmente a estructuras comunitarias, redes de transporte y eventos vecinales, sólo por mencionar un modesto ejemplo del volumen de dinero que consume la decisión de una campaña en un distrito local, que por supuesto, podría ser de lo menos costoso que existe en el proceso.
Estamos ante una realidad contrastante y no me refiero a los gastos que requieren los procesos electorales, que son materia de supervisión de la autoridad electoral, y que, por tanto, está legalmente justificado que se fiscalicen.
Me refiero a los procesos electorales internos a las organizaciones políticas del país que no supervisa ninguna autoridad, que la autoridad misma no quiere ver y que repite el mismo ejercicio que hace 3 años hizo el partido en el poder, pero que para el próximo proceso electoral también lo están haciendo de manera selectiva y experimental, el partido revolucionario institucional y el partido acción nacional.
Los resultados concretos que están obteniendo los partidos políticos, derivados de la estrategia de bautizar a los aspirantes con títulos internos, como coordinadores de la defensa de la transformación o defensores de México o coordinadores de la defensa de la patria.
La familia y la libertad está representando un costo institucional adicional, pero como no importa la intervención de la autoridad, pues hay un primer resultado concreto que se está obteniendo al dividirse en beneficio de la estrategia electoral, aunque esto signifique nuevos retrocesos democráticos.
Entre los resultados que podrían interpretarse como positivos para los partidos, está el
posicionamiento y la identidad temprana, como las campañas en la práctica han arrancado dos meses de anticipación a los tiempos legales los aspirantes logran que su imagen, su nombre y su discurso empiecen a ser identificados en las mentes del electorado.
No es exactamente igual a una democracia interna, pero es la fórmula disfrazada de dictadura interna en los partidos.
Para cuando inicien las campañas oficiales, estos personajes ya contarán con un nivel de
conocimiento público, muy alto frente a otros rivales, que parece que respetarían los tiempos de la ley.
Al no llamarse formalmente candidatos y evitar la frase exacta vota por mí, evitan de forma exitosa que el INE o el tribunal electoral, los descalifiquen por actos anticipados de campaña, es decir, utilizan el vacío legal de la vida interna de los partidos como un escudo.
También les están permitiendo a los partidos, justificar eventos masivos en campo, y con ello prueban sus maquinarias electorales, sus redes de transporte, sus liderazgos locales entregan apoyos y muchos más vendrán antes de la jornada del 6 de junio de 2027.
Y finalmente, utilizan encuestas previas para definir a estos coordinadores y es un filtro que algunas ocasiones provoca descontento, pero les permite negociar posiciones con los perdedores antes de que el fuego interno ponga en riesgo una candidatura oficial, es decir, si no les gusta el resultado, podría dar alguna otra alternativa de negociación interna.
También hay un impacto negativo al estar validando la simulación, algunos analistas y expertos en derecho electoral, señalan la incapacidad del INE para detener o regular con firmeza.
Estos lineamientos han terminado por validar la simulación y al verse rebasados, las autoridades terminan tolerando que la ley escrita sea ignorada, por lo tanto, hay un incentivo a la opacidad y a la corrupción; al operar fuera del calendario de campañas.
El dinero invertido en todos los gastos de operación es casi imposible de fiscalizar. Esto está
abriendo las puertas a recursos de dudosa procedencia o desvío de recursos públicos que financien a los defensores y coordinadores sin dejar rastros en los libros oficiales del Instituto electoral.
Hay un daño más crítico e irreversible, a la equidad de la contienda, quien tiene acceso a recursos masivos bajo la figura de coordinador.
En el caso de morena inicia la carrera formal con muchos kilómetros de ventaja, extinguiendo la posibilidad de una competencia justa para partidos con menos recursos o para candidatos independientes a los aparatos de control partidista.
Esta estrategia le funciona a la perfección, ganan presencia, aseguran candidaturas de forma anticipada y burlan las restricciones de gasto formal; sin embargo, el costo de este aparente éxito es una profunda erosión en la credibilidad de las leyes electorales mexicanas.
Si los principales partidos políticos siguen con esta estrategia y normalizan este esquema de simulación, los panoramas para los procesos electorales 2027 pondrán en crisis el sistema democrático en México.
Basado en tendencias actuales de fiscalización, podría haber una pérdida definitiva de la equidad de la contienda, es decir, la cancha pareja dejará de existir de manera definitiva, al permitirse las campañas adelantadas, la competencia real no se definirá durante los periodos legales de campaña, sino en los meses previos de recaudación y movilización subterránea.
Esto es lo más parecido a un limbo legal donde el INE no puede aplicar los topes de campaña estrictos en tiempo real.
El financiamiento de estas figuras como defensores y coordinadores dependerá cada vez más de fuentes invisibles.
El pronóstico es un aumento en el desvío de recursos públicos locales y de manera más
preocupante la entrada de dinero en efectivo de grupos de interés o de poderes fácticos.
La autoridad electoral queda reducida a un rol meramente administrativo y posterior. En lugar de prevenir las faltas y garantizar el orden, el INE se limitará a contabilizar espectaculares y aplicar multas que los partidos ya tienen presupuestadas como un gasto operativo más de campaña.
La percepción pública de qué todos los partidos hacen trampa y no pasa nada, debilitará aún más la confianza en las instituciones electorales. Esto puede traducirse en dos escenarios de incremento en los ciudadanos que se abstendrán de votar, porque ahora además se sentirán ajenos a una competencia que claramente perciben como simulada o un voto fuertemente influido por las maquinarias de movilización clientelar.
Históricamente, cuando una práctica ilegal se generaliza en todos los partidos de México, el
siguiente paso no es su erradicación, sino su legalización; es muy probable que, tras el proceso de 2027, se impulse una reforma electoral que elimine las restricciones actuales a los anticipados bajo el argumento de adecuar la ley a la realidad política, desapareciendo formalmente los tiempos de veda que hoy se violan de forma sistemática.
Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.
