José Juan Ramírez
Irapuato, Gto. (Opinión Bajío).- Ninguna ley puede legitimar la eliminación directa de un ser humano inocente y la existencia humana tiene una dignidad que no puede depender de mayorías legislativas, señaló la diócesis de Irapuato.
Ante la pretensión de grupos políticos en el Congreso del Estado de Guanajuato de permitir el ab0rt0 convirtiendolo en un supuesto derecho, los obispos de la Provincia Bajío -Querétaro, León, Celaya e Irapuato- manifestaron que es completamente inviable esa postura.
«Toda existencia humana es querida por Dios y por lo tanto es portadora de una dignidad que no depende nunca ni de consensos sociales ni de mayorías legislativas; la iglesia ha enseñado siempre que toda vida humana debe ser respetada y protegida de un modo absoluto desde el momento de la concepción… ninguna circunstancia, finalidad o ley puede de manera alguna legítimar una destrucción directa de un ser humano inocente. Esa convicción no se fundamenta evidentemente solo en la fe sino también en la razón», confirmó el Cancillcer de la diócesis de Irapuato José González al leer el comunicado conjunto.
«El reconocimiento del derecho a la vida es un principio de derecho natural anterior y superior al estado. por lo tanto los derechos humanos no son una concesión de la autoridad política, sino más bien exigencias derivadas de la dignidad intrínseca de la persona. Este comunicado se da ante las iniciativas actualmente en análisis en el congreso del estado de Guanajuato, particularmente aquella que pretende eliminar de la Constitución estatal la referencia explícita a la protección de la vida y los obispos manifiestan su profunda preocupación»
Refirió que la defensa de la vida no puede reducirse a la simple oposición a una reforma legal, sino que es indispensable promover políticas públicas que acompañan integralmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad, garanticen apoyo médico, psicológico jurídico y social, facilitando redes solidarias y alternativas reales, asi como combatir las causas estructurales que generan abandono y desesperanza.
«No se trata de elegir entre la madre o el hijo, ya que ambos poseen igual dignidad y merecen protección efectiva, tanto del estado como de la sociedad… eliminar la protección constitucional del derecho a la vida no es un acto neutral. Implica modificar el fundamento axiológico del orden jurídico local. Convertir el aborto en un supuesto derecho, supone redefinir el alcance del sujeto de derechos y alterar el principio básico de que todo ser humano merece tutela jurídica».
«Desde una perspectiva constitucional el derecho a la vida es presupuesto de todos los demás, ya que sin vida no hay ningún otro derecho que se pueda ejercer; por lo tanto, debilitar su reconocimiento genera una fractura en la coherencia del sistema jurídico. Los obispos exhortan a que cualquier deliberación legislativa se realice con pleno respeto al principio democrático, al bien común y a la participación informada de la ciudadanía», apuntó el canciller de la Diócesis de Irapuato José González.
