Guanajuato: del secuestro organizado a la anarquía criminal
Durante años nos repitieron que en Guanajuato las bandas especializadas en secuestro ya no existían. Que eso era cosa del pasado. Que se habían desarticulado. Que el problema estaba “contenido”.
Era mentira, o peor: era autoengaño institucional.
Las bandas no desaparecieron. Se deshicieron, se fragmentaron, se dispersaron en células sin jerarquía, sin códigos y sin límites. Pasamos del secuestro “especializado” —criminal, sí, pero estructurado— a una anarquía criminal absoluta, alimentada por un mercado ilegal mutante que el Estado nunca supo, ni quiso, controlar.
Antes el secuestro tenía lógica económica: rescates altos, víctimas seleccionadas, negociación. Hoy te secuestran por 150 mil pesos, por un error de rutina, por salir a la misma hora, por existir. Y eso es infinitamente más peligroso.
El crimen se adaptó. El Estado no.
La economía del secuestro focalizado se vino abajo por tres razones claras:
- La guerra por el huachicol y su posterior represión
- La presión brutal entre cárteles como el CJNG y Santa Rosa de Lima
- Desarticulaciones parciales que rompieron estructuras sin reconstruir orden.
¿El resultado? Un mercado criminal sin control, sin monopolio de la violencia, sin reglas internas. Células huérfanas, desechadas por sus propios cárteles, funcionando como outsourcing criminal: hoy te contratan, mañana te abandonan. Y cuando eso pasa, esas células salen a delinquir por su cuenta, sin miedo, sin freno y sin nada que perder.
Eso no es pacificación. Eso es abandono del Estado.
Del huachicol al cobro de piso: la renta del miedo
Cuando el huachicol dejó de ser negocio fácil, el crimen hizo lo que siempre hace: diversificó.
Hoy la renta se extrae de:
- Negocios pequeños
- Comerciantes
- Familias
- Migrantes
- Víctimas de extorsión y secuestro virtual
Con delitos de bajo costo operativo y altísimo impacto psicológico. Mientras tanto, las policías municipales están rebasadas, sin presupuesto, sin especialización, sin inteligencia. No pueden investigar, no pueden prevenir, no pueden proteger.
Y entonces nos dicen al ciudadano: “Cuídese”. Cambie su rutina. No salga a la misma hora. No confíe. No denuncie. No espere ayuda.
Eso no es seguridad pública. Eso es sálvese quien pueda.
La ley que protege al criminal y abandona a la víctima
Y aquí viene lo más grave. Lo imperdonable.
En México —y en Guanajuato— el secuestro tiene penas más altas que el homicidio.
¿Qué mensaje manda eso? Uno brutal y claro: mejor mata a la víctima.
Si te agarran por secuestro, te pudres décadas en la cárcel, si matas, tienes más margen legal, más beneficios, más salidas.
Esa no es una falla técnica. Es una irresponsabilidad legislativa criminal.
Los senadores lo saben. Los congresos lo saben. Y no hacen nada.
No reforman la ley. No ajustan incentivos. No protegen a la víctima.
Luego se preguntan por qué la violencia escala.
Porque cuando el criminal no tiene nada que perder y la víctima no tiene quien la defienda, el resultado es sangre.
Despensas para el voto, silencio para la víctima
Mientras todo esto pasa, nuestros legisladores —y en particular los dos senadores que representan a Guanajuato— están de adorno.
Recorren fiestas, eventos sociales, comidas privadas. Se toman la foto. Suben el video. Pagan likes. Sonríen rumbo a las elecciones de 2027, como si la seguridad se resolviera con una bolsa de frijol, un discurso hueco y un filtro de Instagram.
No están legislando. No están corrigiendo la ley. No están protegiendo al ciudadano.
Están haciendo campaña anticipada con el hambre, mientras el miedo se normaliza y la violencia se institucionaliza.
En Guanajuato, denunciar un secuestro o una extorsión no solo es inútil: es peligroso. La ley está tan mal diseñada que deja a la víctima sin incentivos para denunciar y al criminal con todos los incentivos para matar.
Ese marco jurídico convierte al ciudadano honesto en presa y al delincuente en un apostador racional: «si me descubren, mejor elimino testigos.»
Eso no es omisión. Eso es complicidad por cobardía.
Los senadores lo saben. Los partidos lo saben. Las comisiones lo saben.
Y aun así prefieren no tocar la ley, no asumir costos políticos, no incomodar a nadie. Porque reformar implica responsabilidad. Y la responsabilidad no da aplausos, no da likes y no garantiza votos inmediatos.
Así, mientras el Senado reparte sonrisas y fotos, Guanajuato reparte funerales.
Mientras ellos cuentan seguidores, las familias cuentan ausencias. Mientras ellos calculan el 2027, el ciudadano calcula si vuelve vivo a su casa.
¿Cómo pueden dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que tienen el poder de cambiar la historia de su estado y deciden desperdiciarlo en fiestas, eventos sociales y campañas digitales pagadas?
El Estado no está ausente: está distraído. Y cuando el poder se distrae, el crimen gobierna. Que no se hagan los sorprendidos después.
Esto no es una tragedia inevitable. Es una decisión política diaria.
