“Sheinbaum desampara y desprotege” fue mi columna publicada el 21 de septiembre aquí, al presentar al senado el día 15 su iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, que ya le aprobó. Pasa ahora a diputados. Dañará o anulará la capacidad de defendernos los gobernados de actos de autoridad que afecten nuestras libertades o nuestros derechos, escribí.
La 4T avanza a paso veloz para acabar de destruir el Estado de Derecho, la democracia; las condiciones indispensables para vivir con dignidad. Los ciudadanos, en cambio, solo estamos marcando el paso. Si queremos vivir en libertad, debemos andar y defender nuestra democracia de quienes abusan del poder, con desprecio a la ley, en particular al artículo primero de la Constitución.
El dos de octubre, en la madrugada, la mayoría morenista, con Verde y PT, la aprobaron, sin el elemental análisis, sin deliberación exigible y sin consideración alguna de las opiniones formuladas por colegios de abogados, académicos o legisladores de oposición.
Atropellaron el proceso legislativo, al no publicar 24 horas antes, al menos, el dictamen de reformas. Autoritarios, como en el viejo PRI. (Heberto Castillo, demócrata, padre de la presidenta morenista del senado, Laura Itzel, avergonzado estará de la conducción de su hija).
Además, de último momento modificaron la iniciativa de la señora Sheinbaum, que decía: “Los asuntos que se encuentren en trámite (en juzgados, tribunales) a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”.
El delincuente Adán Augusto López, con su rebaño, lo cambió a: “… conforme a las disposiciones que establece este decreto”. Esto significa que las reformas se aplicarían de manera retroactiva, violando el artículo 14 constitucional, que ordena: “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Sheinbaum dijo el día tres: “no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes…”. Ahora, los diputados deben corregir aberraciones.
Como ha sido demostrado, la reforma es regresiva, no progresiva, y favorable al gobierno, al poder, y en perjuicio de las personas, de gobernados, violando el artículo primero constitucional. Una vez aprobada, tendrá el efecto de proteger la eficacia de los actos administrativos, legales o no, y dar certidumbre al gobierno, e incertidumbre al gobernado, desconociendo los avances de muchos años en el acceso a la justicia del pueblo.
Desconoce precedentes jurisdiccionales relevantes que afectarán libertades y derechos. Al regular los extremos para acreditar el interés legítimo del quejoso, exigirán demostrar que el acto reclamado a la autoridad ocasiona una afectación real, actual y diferenciada, de tal forma que su anulación produzca un efecto cierto y directo, y no meramente hipotético o eventual; sin embargo, la afectación de la autoridad, además de actual, puede ser futura, de realización inminente.
Los jueces rechazarán demandas de amparo sobre actos ya ordenados, pero no ejecutados. Excluye también a omisiones, declaratorias o actos prohibitivos, y desconoce que el acto reclamado puede materializarse de momento a momento.
En los precedentes no se exigía que el beneficio a obtenerse fuese directo. Ahora propiciarán que sea más difícil para individuos y asociaciones acceder al amparo en defensa de intereses colectivos o difusos, como los medioambientales.
Regulan el análisis ponderado para acceder a la suspensión de los actos de autoridad, lo que propiciará que los jueces dejen de realizar ejercicios razonados sustituyéndolos por un ejercicio suficiente para negar medidas cautelares solicitadas por el gobernado. Introduce la noción de “Interés público” distinto a “disposición de orden público”, en beneficio del interés de la administración pública, del gobierno.
Por lo que si la suspensión solicitada afecta un proyecto o programa de gobierno, o la recaudación fiscal, ello en automático “afecta al pueblo” y se negará la medida cautelar.
Exijamos a los diputados rectificar. Pongámonos de pie para defender nuestras libertades, derechos y democracia ¡ya!
