Guanajuato, Gto. (Opinión Bajío).- El diputado Sergio Contreras presentó una iniciativa de reforma al Código Penal
del Estado de Guanajuato para sancionar penalmente a quienes, de manera dolosa, realicen llamadas falsas a los servicios de emergencia con el propósito de provocar la movilización de cuerpos de seguridad, atención médica o rescate.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del INEGI, el sistema telefónico 911 de Guanajuato recibió más de 4 millones de llamadas, de las cuales 71% fueron improcedentes, al tratarse de llamadas falsas, bromas, reportes con información incompleta u otras situaciones similares.
Contreras Guerrero destacó que esto representa poco más de 3 millones de llamadas improcedentes, colocando a Guanajuato en el cuarto lugar nacional por este indicador, únicamente por debajo del Estado de México, Ciudad de México
y Veracruz.
“Las llamadas falsas o de broma representan un grave riesgo para la seguridad pública porque desvían los recursos humanos, materiales y financieros que deberían destinarse exclusivamente a atender urgencias reales”, señaló.
Sin embargo, enfatizó que el problema trasciende las llamadas realizadas como bromas o de manera irresponsable, pues existe evidencia de que grupos delincuenciales han utilizado reportes falsos para manipular el despliegue de las fuerzas de seguridad.
La iniciativa que propone plantea establecer una pena de dos meses a dos años de prisión y de 50 a 100 días de multa para quienes realicen llamadas falsas al 911 y, como consecuencia, provoquen la movilización de los servicios de emergencia.
La propuesta también contempla aplicar estas sanciones a quienes permitan utilizar sus propios medios de comunicación, teniendo conocimiento de que serán empleados para realizar un aviso falso de emergencia con los mismos fines.
Además, se plantea agravar la sanción cuando, como consecuencia de la movilización provocada por el uso indebido de los servicios de emergencia, se ocasionen daños o pérdidas materiales a las unidades, así como en los casos de reincidencia.
El legislador sostuvo que la propuesta busca generar una herramienta jurídica efectiva para inhibir estas conductas y proteger tanto los recursos públicos como a quienes integran los cuerpos de seguridad, atención médica y rescate.
“Sancionar penalmente estas conductas no solo tiene que ver con la optimización de recursos administrativos; es también una medida para proteger a los elementos de seguridad y garantizar que el sistema de emergencias no sea utilizado como un arma contra el propio Estado”, afirmó.
El diputado Sergio Contreras presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato para sancionar penalmente a quienes, de manera dolosa, realicen llamadas falsas a los servicios de emergencia con el propósito de provocar
la movilización de cuerpos de seguridad, atención médica o rescate.
Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que el uso irresponsable del sistema de emergencias representa un problema de seguridad pública, particularmente ante el elevado número de llamadas improcedentes que recibe el
911 en Guanajuato.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del INEGI, el sistema telefónico 911 de Guanajuato recibió más de 4 millones de llamadas, de las cuales 71% fueron improcedentes, al tratarse de llamadas falsas, bromas, reportes con información incompleta u otras situaciones similares.
Contreras Guerrero destacó que esto representa poco más de 3 millones de llamadas improcedentes, colocando a Guanajuato en el cuarto lugar nacional por este indicador, únicamente por debajo del Estado de México, Ciudad de México
y Veracruz.
“Las llamadas falsas o de broma representan un grave riesgo para la seguridad pública porque desvían los recursos humanos, materiales y financieros que deberían destinarse exclusivamente a atender urgencias reales”, señaló.
Sin embargo, enfatizó que el problema trasciende las llamadas realizadas como bromas o de manera irresponsable, pues existe evidencia de que grupos delincuenciales han utilizado reportes falsos para manipular el despliegue de las fuerzas de seguridad.
La iniciativa que propone plantea establecer una pena de dos meses a dos años de prisión y de 50 a 100 días de multa para quienes realicen llamadas falsas al 911 y, como consecuencia, provoquen la movilización de los servicios de
emergencia.
La propuesta también contempla aplicar estas sanciones a quienes permitan utilizar sus propios medios de comunicación, teniendo conocimiento de que serán empleados para realizar un aviso falso de emergencia con los mismos fines.
Además, se plantea agravar la sanción cuando, como consecuencia de la movilización provocada por el uso indebido de los servicios de emergencia, se ocasionen daños o pérdidas materiales a las unidades, así como en los casos de reincidencia.
El legislador sostuvo que la propuesta busca generar una herramienta jurídica efectiva para inhibir estas conductas y proteger tanto los recursos públicos como a quienes integran los cuerpos de seguridad, atención médica y rescate.
“Sancionar penalmente estas conductas no solo tiene que ver con la optimización de recursos administrativos; es también una medida para proteger a los elementos de seguridad y garantizar que el sistema de emergencias no sea utilizado como un arma contra el propio Estado”, afirmó.
