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«Alarmas por seguridad y amenazas democráticas», el análisis de Alcántara Soria

Febrero en buena parte del país fue un mes de miedos, incertidumbres y terror. Incluso más allá de las fronteras nacionales hubo alarmas que provocaron cancelar diversos eventos.

Lo sucedido el domingo 22 en entidades de todas las regiones se vivió entre quienes constataron violencias extremas que dejaron marcas indelebles. Buena parte de los habitantes del país estuvimos varias horas buscando cómo responder cada quien, solo con datos de familiares, amigos o vecinos.

Ese domingo, ya muy tarde, hubo alguna información gubernamental. De la suerte de El Mencho no me ocuparé por ahora.

Hay otro frente abierto por la señora Sheinbaum; el siguiente miércoles, 25, adelantó ideas generales de su propuesta de reforma político-electoral, ideas que es necesario analizar, a reserva de conocer la iniciativa de reformas a la Constitución de la República y a leyes relacionadas con el asunto que aún no presenta.

Estas ideas que le tejió Pablo Gómez, de los duros de la 4T, también encienden ahora alarmas ciudadanas.

Propuesta de reforma político-electoral de Sheinbaum

Sus ideas difundidas hasta ahora dicen que mantendrán 300 diputados electos por el principio de mayoría relativa. Y los otros 200 serán para los segundos lugares en su distrito; considerarán ocho mexicanos residentes en el exterior. En la Cámara de Senadores habría dos senadores de mayoría y uno de la primera minoría por cada entidad federativa.

Con estas reglas, Morena tendría, por mayoría simple, o como primera minoría, una sobrerrepresentación en los congresos que no correspondería al porcentaje de votos que lograra en el país o en las entidades federativas.

Donde no gane la mayoría, lograría como primera minoría asientos legislativos. Debe establecerse un tope en la Constitución que evite la sobrerrepresentación, como la que tiene actualmente, con fraude a la Constitución, por decisiones antijurídicas del INE y del Tribunal Electoral, ambos controlados por Morena.

Con argumento de ahorrar, menciona que los mandos del INE bajarán su sueldo para no ganar más que la presidenta Sheinbaum. Lo que ocultan desde López Obrador es que el sueldo de estos, conforme a la Ley Federal del Trabajo, se integra con lo recibido en efectivo y en especie.

Vivir en Palacio Nacional, con todos los servicios de luz, agua, seguridad, transportes terrestres o aéreos, entre otros, se debe sumar a ese sueldo, por disposición legal.

También eliminan los PREP, resultados electorales preliminares, que contribuyeron a la credibilidad de nuestras instituciones y procesos electorales. Sí es pertinente revisar conceptos de gasto en instituciones y procesos electorales, incluyendo reducir financiamiento a partidos, siempre y cuando no se vayan estos con los narcos. Pero no dañar la confiabilidad institucional.

Vinimos del príato, donde hubo fraudes y los supimos resolver. No tiremos aprendizajes a la basura.

Funciones de un sistema electoral democrático

Las funciones que debe producir un sistema electoral democrático son tres: legitimidad, representatividad y gobernabilidad.

La legitimidad supone que luego de una amplia, transparente, incluyente deliberación entre todos los actores políticos, también las academias, se logran acuerdos sobre las reglas del juego electoral aceptados por los competidores. Esta es la legitimidad de la legalidad.

Y al desarrollarse los procesos electorales conforme a dichas reglas, producen la legitimidad de origen de quienes obtuvieron más votos libres de la ciudadanía para integrar los órganos o poderes públicos de elección popular. Hoy Sheinbaum y Gómez no tienen disposición esta deliberación democrática.

La representatividad es función que el sistema electoral logra cuando la pluralidad de las sociedades actuales se ve reflejada en la integración en los órganos de elección popular. La totalidad del pueblo no puede resolver todos los asuntos públicos, hoy día a día. Por eso se votan representantes. Y la proporción de votos que el pueblo asigne a cada partido debe expresarse, representarse en las asambleas decisorias.

La gobernabilidad es la condición que posibilita el buen gobierno, un gobierno eficaz: evita dolor evitable y genera bienes públicos para todos. Con pesos y contrapesos. Y así se adquiere la legitimidad en el ejercicio del cargo público, o se pierde la misma si se es mal gobierno.

Las ideas marxistas de reglas electorales prenden alarmas. ¿Las atendemos?.

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