Guanajuato, Gto. (Opinión Bajío).- Los diputados del Verde en Guanajuato presentaron una propuesta de Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Gobierno del Estado para que se informe sobre el seguimiento al ejercicio de los recursos obtenidos del cobro de los impuestos sobre nóminas y cedulares del estado, realizado a través del Consejo Consultivo creado para ese fin.
El diputado Sergio Contreras Guerrero, coordinador de ese Grupo Parlamentario, refirió que el la labor de este Consejo implica una gran responsabilidad, “esto, si tomamos en cuenta que, entre los presupuestos de ingresos de 2019 a 2024, el gobierno del Estado estimó una recaudación de más de $37 mil millones de pesos sobre estos impuestos. Por lo que, solo durante estos años, decidió el destino de casi 38 mil millones de pesos”.
En lo correspondiente a 2025, se estimó una recaudación de 9 mil millones en Impuestos Sobre Nóminas y más de mil cuatrocientos millones en Impuestos Cedulares, agregó.
El legislador apuntó que, derivado de una solicitud de información, “los diputados del Verde nos enteramos que se tomo la decision de clasificar las últimas cinco actas del Consejo como reservadas, bajo el argumento de que su transparencia implica un riesgo grave y tangible para el desarrollo del Estado, vulnerando de manera flagrante el derecho al acceso a la información pública de la ciudadanía”.
Por ello, precisó, es necesario conocer el contenido de las actas de sesión de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y las correspondientes a 2025 encabezadas por el Consejo, al que se le otorgaron funciones de asesoría y apoyo técnico en la planeación y aplicación de los ingresos provenientes de los citados impuestos, destinándolos principalmente a la inversión social y productiva, la infraestructura y al fortalecimiento de la seguridad pública.
Enfatizó que “al no permitir el acceso a estas actas, no solo provoca el desconocimiento de los acuerdos tomados entre los empresarios de León, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Celaya, San Miguel de Allende, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y las autoridades estatales, sino que también, da pauta para que se presuma el uso discrecional de los recursos a favor de unos cuantos, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados”, dijo.
Finalmente, Contreras Guerrero dijo que “debemos recordar lo ocurrido con el extinto FIDESSEG, fideicomiso que se nutría del 0.3% del impuesto sobre nómina y que hoy enfrenta irregularidades que ascienden a casi 250 millones de pesos. La discrecionalidad en su manejo y la poca transparencia, provoco que se iniciara los procesos de reintegro de más 170 millones de pesos”.
