“Guerra de cárteles en Guanajuato” fue el título de la conferencia que nos dio el reconocido analista David Saucedo, el lunes 22 de septiembre, en el campus Irapuato del Tec de Monterrey a empresarios, autoridades, medios de comunicación.
Un diagnóstico crudo de la realidad criminal en nuestra ciudad, estado y país. Refirió la evolución de disputas por mercados y territorios de grupos de delincuencia organizada, bien identificados. Saucedo ilustró que en 2014 comenzó la invasión del cartel de Jalisco a Guanajuato, entidad con menos inseguridad entonces.
Al iniciar Peña Nieto su gobierno, nombró director general de Pemex a Emilio Lozoya Austin, quien desmontó todo el sistema de vigilancia de los ductos de la petrolera en el país -en aire, mar y tierra: uso de satélites, aviones tripulados y no, drones, lanchas, etcétera. Viene pronto sentencia al gánster en la corte. Guanajuato se desmadró desde entonces.
El gobernador Miguel Márquez pidió auxilio a Peña, aportó recursos económicos con los municipios y solo recibimos regimiento de policía militar, para rondines y retenes, poco eficaces.
El robo de combustible -huachicol- existe acá desde que se abrió la refinería de Salamanca, en 1955. El entrar y salir de pipas de la refinería sin contabilizar todo en arcas públicas fue permanente. Gerentes de Pemex, líderes sindicales, políticos y empresarios locales tuvieron un negocio muy ganancioso. Surgió luego el Cártel Santa Rosa de Lima, escaló a perforar ductos de gasolina, diésel y gas que cruzan el Bajío, sin rival entonces.
Ductos a Guadalajara, Aguascalientes o Querétaro, con agujeros, como flautas, dieron ganancias inmensas. Y almacenes y expendios urbanos y rurales, en carreteras.
Entre capos, autoridades y expendedores hubo “paz huachicolera” hasta 2014, que se salió de madre, de cauce. La violencia, incontenida.
Saucedo identificó y agrupó a los cárteles operando acá. El grupo 1: CJNG con el de los Arellano Félix. Es el predominante en el estado. Grupo 2: Cártel de Sinaloa acompañado por restos de Los Chapitos y gente de los Salazar, disputando León, los pueblos del Rincón, Pénjamo, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya. Grupo 3: Cartel Santa Rosa, en Villagrán, Cortazar, Tarimoro, Salvatierra, en alianza con mercenarios colombianos, Escorpiones del Cártel del Golfo, Unión de León y los Viagras (estos disputando en el sur, Moroleón, Uriangato, Acámbaro).
Nos ilustró con un mapa muy gráfico. Refirió que en Irapuato está asentada la comandancia regional del CJNG ¡y la sede de la XII Región Militar! El vecino Querétaro está fuera de estas violencias.
Expuso láminas de datos de homicidio doloso (ejecuciones) de enero a agosto: Guanajuato, primer lugar en números absolutos. Cuestionó la versión de autoridades federales y estatales sobre supuesta reducción de homicidios y concluyó: las narcofosas ocultan cadáveres y hacen aparecer homicidios dolosos como culposos (resaltó en época del fiscal Zamarripa). Hay un incremento brutal de personas desaparecidas.
Jóvenes guanajuatenses reclutados por cárteles combaten en Chiapas o Tabasco: muchos mueren fuera del estado. Habló de la “paz narca”, pactos regionales entre grupos criminales (refirió que la impone el CJNG en los pueblos del Rincón, Silao o Guanajuato. La chapiza ya no se enfrenta con los de Jalisco).
Citó el alza en índices de extorsión: Gto, primer lugar por cada 100 mil habitantes, 13.05 víctimas, con 853 denuncias (en Irapuato cierran anexos por extorsión); luego Morelos, CDMX, Colima. En secuestro y narcomenudo alzas también. Y es el tercer estado con más policías asesinados, atrás de Sinaloa y Guerrero; uno diario en el país.
Saucedo expuso última encuesta de Inegi sobre percepción de inseguridad. Guanajuato en tercer lugar, debajo de Morelos y Tabasco. Entre municipios del país con más miedo están Irapuato, León, Guanajuato capital (Celaya). De costos del delito, la Envipe del Inegi calculó en el 2024, a guanajuatenses nos costó cinco mil 360 pesos por persona.
De sus conclusiones más impactantes: la interacción entre alcaldes-alcaldesas con el crimen organizado. Clasificó esta de cuatro tipos: participación activa (apoyar por sobornos, dar obra pública, proveeduría, ferias, direcciones de seguridad o tránsito). Colaboración por amenazas a alcaldes o sus familiares. Brazos caídos de alcaldes (no apoyan y tampoco los combaten; agandallan dirigencias partidistas). Y los “que enfrentan a cárteles, combaten corrupción en direcciones de seguridad, lanzan operativos contra narcomenudeo, detienen sicarios, decomisan droga”.
El descomunal huachicol fiscal del obradorato, aparte. ¡Cómo me duelen!
